Pablo Llarena, instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, ha rechazado dejar sin efecto la orden de detención e ingreso en prisión que mantiene vigente contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El líder independentista pidió poder acudir a jurar su cargo de europarlamentario ante la Junta Electoral Central sin ser detenido.

Puigdemont y el exconseller Antonio Comín habían solicitado igualmente el cese de la medida cautelar de detención. Ambos reclamaban a Llarena que se suspendiera el procedimiento judicial hasta que se tramitase la correspondiente autorización del Parlamento alegando que su inmunidad parlamentaria se origina desde el momento en que fueron proclamados electos el pasado 26 de mayo.

En la resolución, el juez Llarena considera que Puigdemont y Comín han interpretado de forma errónea el Protocolo sobre los Privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. Según el juez, el articulo 9 de ese Protocolo en el que se apoyan los solicitantes, hace pivotar el régimen de inmunidades en dos circunstancias que no se dan en el caso: que el Parlamento Europeo esté "en período de sesiones" y que la inmunidad se reconoce a "sus miembros".

Al exvicepresidente en prisión preventiva Oriol Junqueras, se le denegó el permiso para realizar el mismo trámite que solicita Puigdemont. Llarena recuerda que la condición de miembro del Parlamento Europeo se produce en dos fases. La primera, ante la Junta Electoral Central para jurar o prometer la Constitución, y la segunda, para tomar posesión y adquirir la condición de miembros del Parlamento.

Llarena explica en su resolución, que para ostentar la inmunidad, no basta con ser miembro electo del Parlamento sino que se requiere además que el Parlamento esté en período de sesiones; ese segundo presupuesto es una fase posterior a la proclamación de los electos.

Puigdemont y Comín justificaban su petición por su condición de miembros electos del Parlamento Europeo tras las elecciones del 26-M, de la que a su juicio se deriva la absoluta inmunidad frente a cualquier actuación judicial, al amparo del Protocolo de privilegios e inmunidades de la Unión Europea.