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ASÍ LO VIVIMOS

La huelga de controladores de 2010 colapsó el espacio aéreo de España

Se acercaban las fechas centrales de uno de los puentes más esperados del año, el puente de diciembre, y los controladores aéreos decidían ponerse en huelga a raíz de un decreto de regulación laboral aprobado por el Gobierno. Aena había anunciado el cierre del espacio aéreo y la situación se había complicado progresivamente. Esta fue la primera vez que un Gobierno, encabezado entonces por Jose Luis Rodríguez Zapatero, declaraba el estado de alarma en la historia de la democracia y ponía a militares a los mandos en las torres de control aéreo.

La huelga de controladores, convocada el 3 de diciembre de 2010, llegó a afectar a más de 600.000 pasajeros y mantuvo a España en vilo durante tres días. La situación se producía después de que el Consejo de Ministros aprobara un nuevo decreto en el que se regulaba la jornada laboral de los controladores. Escasas horas después se desataba el caos: se producía un abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo y miles de pasajeros se veían obligados a desalojar los aviones. El espacio aéreo español quedaba cerrado.

Ante la negativa de los controladores de volver a sus puestos y el nulo resultado de las negociaciones, el Estado firmó el traspaso del control aéreo a Defensa y los militares se pusieron al frente de los aeropuertos españoles. A su vez, la Fiscalía de Madrid abría diligencias por un posible delito de sedición de los controladores, un delito que implicaría serias penas de prisión. Horas después Aena informaba sobre la reapertura del espacio aéreo como consecuencia de la reincorporación de la mayoría de los trabajadores.

Tras 72 horas de completo caos, el tráfico aéreo volvía a la normalidad habiendo dejado a cientos de miles de personas en tierra en el arranque de uno de los puentes con más traslados de todo el año. El balance fue de unos 4.500 vuelos que se quedaron en tierra y más de 200 millones de euros en reclamaciones por parte de los afectados. La Fiscalía imputó por esta huelga a más de 600 controladores por un delito de sedición y abandono de funciones públicas y están pendientes de juicio.

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