El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha decidido designar al Estado como depositario de todos los bienes muebles y elementos accesorios del Pazo de Meirás, sin perjuicio de que se pueda permitir la retirada de aquellos objetos "de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural".
El tribunal ha aceptado, por tanto las alegaciones del Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial. Se mantiene la fecha de entrega del inmueble el día 10 de diciembre a las 11.00 horas.
En relación a los guardeses, atendiendo al ofrecimiento del Estado para que se les confiera un plazo mayor para abandonar la casa que habitan, ha fijado como fecha máxima el 15 de enero de 2021.
La juez Marta Canales ha rechazado en el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, la oposición efectuada por la familia Franco respecto a la prohibición de retirar bienes del pazo y a su fecha de entrega al Estado. "La literalidad del auto es clara. En consecuencia, yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes. Sus actos fueron los de cumplir voluntariamente el fallo y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario", ha señalado.
La magistrada apunta que la decisión de prohibir retirar bienes del recinto sin informar previamente a la parte demandada responde "a una situación de urgencia patente", ya que los Franco habían contratado vehículos para llevárselos. "La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué", indica.
