El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a partir del 13 de agosto en calidad de testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y los exsecretarios Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, "en atención en la responsabilidad que habrían ostentado" en la formación.
El magistrado ha citado a Cospedal el 14 de agosto a las diez de la mañana y debido a su cargo de presidenta de la Castilla La Mancha el magistrado especifica que, si así lo requiere, se desplazará a su despacho de Toledo para tomarle declaración.
El día anterior, 13 de agosto, interrogará en la Audiencia Nacional a Álvarez-Cascos y Arenas. El primero ha sido citado a las once y media de la mañana mientras que el segundo tendrá que comparecer a las doce y media.
En un auto hecho público este martes el juez especifica que toma esta decisión "a fin de no demorar más el presente trámite sin perjuicio de las restantes diligencias que con posterioridad a la declaración del Sr. Bárcenas en fecha 15 de julio han sido solicitadas por las partes personadas, respecto de las que se resolverá una vez obre en autos el correspondiente informe del fiscal".
El magistrado entiende que estas tres testificales resultan pertinentes, útiles y necesarias en atención a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General de la formación durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos".
A fin de "no incurrir en incongruencia" Ruz considera que no solo debe declarar la actual secretaria general sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido.
El auto concreta que aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, pueden aportar "datos relevantes" para la investigación en curso. En el auto el juez acuerda también citar como testigos a un empleado de la caja del PP y al gerente que sucedió a Luis Bárcenas. Además, el magistrado requiere documentación a varias de las empresas que aparecen en los llamados 'papeles de Barcenas' y al propio PP.
