Ni referéndum independentista ni actos preparatorios. El Tribunal Constitucional los ha dejado en suspenso. Un paso más de la Generalitat o de los ayuntamientos catalanes hacia las urnas el 9 de noviembre constituiría un delito de desobediencia.
En el plazo de cinco meses, si para entonces no hay sentencia, el alto tribunal podrá prorrogar o levantar el veto cautelar.Ahora, Congreso, Senado y gobierno autonómico tienen 15 días para presentar alegaciones contra los recursos del Gobierno admitidos a trámite, recursos fundamentados en los artículos 1 y 2 de la Constitución referentes a la soberanía nacional y a la unidad de la nación que ningún gobierno autonómico puede fragmentar.
La ley catalana de consultas es un fraude a la Carta Magna y atenta contra los derechos de los españoles. Lo reiteraba Rajoy tras el Consejo de Ministros de urgencia que ha impugnado el proceso inviable de Artur Mas.
Mariano Rajoy recalcó que "la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos".
El gobierno catalán ha calificado la presentación del recurso como "un error de consecuencias mayúsculas". Los promotores del referéndum ya han advertido que seguirán haciendo campaña No parece que Artur Mas vaya a mantener una posición institucional y NEUTRAL. El president participó, ayer, en un acto a favor de la independencia.