Los fiscales advierten: la reforma del delito de sedición "sería de muy dudosa constitucionalidad"

La Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado con seis puntos en los que en cada uno de ellos hay una respuesta contundente a las manifestaciones vertidas desde el Gobierno de España en favor de la reforma del delito de sedición.

El pasado viernes se reunieron en Segovia los delegados de la asociación para afrontar la decisión del Gobierno de coalición, Psoe y Unidas Podemos, de eliminar la sedición del Código Penal. Y la Comisión Ejecutiva ha determinado que la tramitación debe hacerse con el "necesario sosiego", recabando los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal.

En el segundo punto son tajantes: "No es cierto que el Derecho de la Unión Europea exija reformar el delito de sedición", como ha defendido reiteradamente el gobierno de coalición para justificar la premura al presentar, PSOE y Unidad Podemos, en el Congreso, la derogación de ese delito. Argumentan, además, que en el resto de los países de Europa es un delito que no existe.

A esto también han respondido los fiscales en el comunicado. En el punto número cuatro vuelven a detallar que "no es cierto que las penas previstas para el delito de sedición sean superiores a las penas previstas para las conductas que se tipifican (reciban o no el nombre de sedición) en otros países de la Unión Europea".

Recuerdan que hay delitos similares -con otros nombres- y que tanto en el informe de indulto de la Fiscalía como el de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la ejecutoria de la causa especial 3/2097/1997 ya lo pusieron de manifiesto con claridad. Además añaden también, en otro punto, que el delito de sedición "se ha mantenido en todos los Códigos Penales de nuestro país". Señalando que también el de 1995, denominado el Código Penal de la democracia, también lo asumió.

"La reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional", es la primera frase del quinto punto del comunicado de los fiscales. Defienden que es un "valor imprescindible" para mantener el Estado de Derecho y las garantías de todos los ciudadanos, y que exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivo-generales y especiales que le son propias.

La Asociación de Fiscales se dirige directamente al gobierno de Pedro Sánchez en el último párrafo advirtiéndole que "no es en ningún caso admisible una reforma del Código Penal que responda a intereses o situaciones de personas concretas", en clara alusión a los líderes del independentismo con los que el gobierno mantiene una estrecha relación como socios determinantes de la legislatura. Y hacen referencia al mundo judicial señalando que "con ello se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad".