La familia Pujol ha presentado, a través de sus abogados, un recurso ante la Audiencia Nacional, que les atribuye un delito de organización criminal. Según refleja el escrito, los acusados entienden que se les culpa por el mero hecho de "ser un Pujol", en una "suerte de responsabilidad de la tribu".
Por ello, piden se archive el proceso contra el expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrussola y sus siete hijos, al considerar que el único delito que podrían haber cometido es el de fraude fiscal por los fondos ocultos en Andorra, aunque ya habría prescrito.
La defensa argumenta que el juez ha atribuido a los Pujol de forma "colectiva" una conducta delictiva, lo que sería "impropio" de un sistema penal garantista como el español.
Según sostienen los abogados, era Jordi Pujol Ferrusola quien administraba el legado familiar, por lo que la conducta de su padre, madre y hermanos era "perfectamente estática y pasiva", limitándose a "ser receptores de una corriente monetaria". De este modo, a juicio de los abogados, estas personas no habrían tenido el rol de cooperadores que exige el delito de organización criminal.
Niegan blanqueo de capitales
Del mismo modo, la defensa niega el delito de blanqueo de capitales que el juez imputó a los Pujol tras concluir que los fondos de la familia procedían de "pagos" de empresarios que pretendían tener una buena relación con ellos para futuros negocios, adjudicaciones ilícitas o contrataciones.
En su opinión, "bajo esa rumbosa y grandilocuente expresión, idónea para merecer lustrosos titulares en los medios, se cobija la nada", puesto que el juez no concreta la autoridad o funcionario que hubiera sido presionado o influido por algún miembro de los Pujol, más allá de invocar "genéricamente modificaciones de planeamiento urbanístico, adjudicaciones de obras, concursos y concesiones".
