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POSIBLE RELACIÓN CON EL 'CASO MALAYA'

El exalcalde de Ronda, detenido por un presunto delito de corrupción urbanística

Entre los siete detenidos se encuentran el exalcalde de la ciudad del Tajo, Antonio Marín Lara (PSOE); tres ediles y tres personas más.

Al menos siete personas han sido detenidas en la operación por presunta corrupción urbanística en el municipio malagueño Ronda, que se está desarrollando en la localidad desde primeras horas de este martes.

Entre los detenidos se encuentran el exalcalde de la ciudad del Tajo, Antonio Marín Lara (PSOE); tres ediles y tres personas más, según han informado fuentes cercanas al caso.

La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número dos de Ronda (Málaga), están investigando en este municipio malagueño la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedades y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes de la investigación.

A los registros que se están realizando desde la mañana de este martes en el Ayuntamiento rondeño y en la Delegación de Urbanismo, podrían sumarse otros fuera de Málaga, han precisado las mismas fuentes.

La alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández (PP), ha señalado, en relación con los registros, que se han centrado en diferentes dependencias municipales y en los despachos del exalcalde; el ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la exdelegada municipal de Obras, María José Martín de Haro, y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara.

Estas personas, ha relatado Fernández, "son miembros de la corporación pero en la oposición y no tienen despacho", por lo que los investigadores "les ha llevado a aquellos --despachos-- que tenían cargo anteriormente, en este caso, el mío personal, pero como no había nada no han tenido nada que registrar, además no había tampoco ordenador", pero ha confirmado que "están viendo algunos ordenadores".

La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa y los agentes policiales, llevan al menos un año investigando determinadas operaciones urbanísticas y la presunta comisión de diversos delitos. Además, ha incluido intervenciones telefónicas.

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