Las etiquetas en braille serán obligatorias para los grandes supermercados en alimentos con alérgenos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado esta semana una regulación inédita en España, que obligará a los grandes supermercados a etiquetar en sistema braille alimentos que contengan alérgenos o productos cosméticos y de limpieza con sustancias peligrosas.

Según la memoria que acompaña al texto, se estima que son unos 13.339 los establecimientos españoles que se verían afectados.

El desembolso total de la medida podría alcanzar los 368,39 millones de euros, que se destinarían también a otras obligaciones como la atención personalizada a personas con discapacidad visual.

El ministro Pablo Bustinduy ha anunciado que se trata de un paso previo a su futura aprobación, que llegará el próximo 12 de abril. La etiqueta en braille podrá adherirse al propio producto o incorporarse como un etiquetado adicional cuando la superficie del producto no permita su inclusión directa. Asimismo, el proyecto está abierto a las observaciones y recomendaciones de organizaciones, ciudadanía y cualquier sector afectado.

Casi 90.000 personas beneficiadas

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se calcula que unas 84.579 personas con discapacidad visual se beneficiarían de esta medida.

Desde la ONCE, han celebrado la noticia y han aprovechado para recordar que "la ausencia de etiquetado braille o QR claramente marcados en relieve limita la autonomía de las personas, restringe su capacidad de elección y pone en riesgo la seguridad y salud, al no poner en riesgo la seguridad y salud".

Se trata de una normativa para "garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir información clara y comprensible de los productos que adquieren, y proteger".

Asimismo, la venta online no queda exenta de la implementación, pues tendrán que incorporar la opción de solicitar que los productos adquiridos se entreguen con la correspondiente etiqueta en lenguaje braille.

La Dirección General de Consumo y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad han sido las encargadas de desarrollar la norma en colaboración con la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

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