Bolaños muestra su "tranquilidad absoluta" ante la petición del juez Peinado para imputarle ya que "contiene errores de bulto"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rechaza que exista fundamento jurídico en la acusación de falso testimonio que le atribuye el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, en la exposición razonada que ha remitido al Tribunal Supremo para solicitar que se le investigue. Peinado sostiene que el ministro habría ocultado "una verdad que conocía" relacionada con el proceso de contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta misma tarde, el ministro ha dado una comparecencia ante los medios en el Congreso de los Diputados para comentar la exposición motivada que el juez peinado ha elevado este martes al Supremo. Según dice Bolaños, tiene una tranquilidad "absoluta", y que asegura que el Tribunal Supremo será "profesional e imparcial" y se pronunciará con una "solución justa y ajustada de derecho conforme a los hechos".

"Es una buena noticia para la justicia que el Tribunal Supremo se pueda pronunciar sobre esta instrucción y sobre esta exposición motivada", ha añadido Bolaños, ha mostrado su seguridad en que se adaptará "una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos".

Con respecto a la solicitud la solicitud del juez Peinado, ha señalado que "no contiene nada que me pueda preocupar" y que, a su juicio, contiene "errores de bulto".

Las discrepancias sobre su declaración

La controversia se centra en las respuestas que Bolaños ofreció durante su declaración como testigo en La Moncloa ante el magistrado instructor. Fuentes del entorno del ministro argumentan que la acusación de falso testimonio carece de base jurídica, pues, según explican, existe una diferencia clara entre lo que se le preguntó y lo que respondió. El juez indica que Bolaños fue interrogado sobre quién realizó el "nombramiento" de Cristina Álvarez, pero el ministro habría señalado como responsable a Raúl Díaz, quien después negó haber sido el autor de dicho nombramiento.

Desde Presidencia puntualizan que lo que el juez planteó fue quién ejercía la supervisión sobre la asesora, no quién firmó formalmente su designación. "La realidad es que el juez preguntó por el responsable, la persona que supervisaba a Cristina Álvarez, y esa fue la información que el ministro proporcionó", indican fuentes de Moncloa. Además, sostienen que posteriormente el propio Raúl Díaz ratificó haber desempeñado esas funciones. Bolaños asegura que "confía plenamente en la justicia de su país".

El detalle de la comparecencia ante Peinado

Durante su declaración, Peinado formuló directamente la siguiente pregunta a Bolaños: "¿Quién tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de doña Cristina Álvarez?". A esta cuestión, el ministro respondió que la iniciativa para contratar a personal eventual dependía de quien iba a ser el responsable directo de la persona incorporada.

El juez interrumpió entonces la diligencia y requirió a Bolaños que obtuviera la información concreta. Al reanudarse la declaración, el ministro precisó que había consultado al Gabinete de la Presidencia y que el puesto pertenecía al Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Añadió que Raúl Díaz, como responsable de la coordinación del personal de Palacio, figuraba en un certificado remitido al juzgado.

Fuentes jurídicas próximas al caso consideran que el argumento ofrecido por el ministro podría ser suficiente para que el Supremo no vea delito de falso testimonio. Sin embargo, admiten que el juez Peinado formuló preguntas explícitas sobre quién tenía competencia para proponer el nombramiento, lo que alimenta el núcleo de la acusación.

Malversación sin indicios concretos, según Presidencia

En cuanto al presunto delito de malversación, desde el Ministerio de la Presidencia insisten en que no existe "un solo indicio" de uso irregular de recursos públicos. Según explican, la exposición razonada señala que los responsables de la Secretaría General debían conocer un supuesto uso irregular de fondos en beneficio de actividades privadas de Begoña Gómez. Sin embargo, sostienen que la Secretaría General no intervino en el nombramiento de Cristina Álvarez ni tenía dependencia orgánica sobre ella.

"Es paradójico que el juez lo califique de 'público y notorio' cuando la causa lleva meses instruyéndose sin aportarse un solo hecho que sustente tal afirmación", recalcan fuentes de Moncloa.

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