El juez del 'caso Begoña Gómez' pide al Supremo que investigue a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez instructor del denominado 'caso Begoña Gómez' ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que se investigue al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falso testimonio. La decisión del magistrado se produce al entender que Bolaños, como aforado, debe ser examinado por el alto tribunal en relación con determinados hechos aparecidos durante la instrucción.

La resunta responsabilidad de Bolaños

En el marco de la investigación, el juez considera que existen indicios de que Félix Bolaños podría haber participado de forma activa en la defensa pública de la actuación de Begoña Gómez, realizando manifestaciones que, según el instructor, podrían ser constitutivas de falso testimonio. Esta situación podría haberse dado cuando, preguntado por quién fue el responsable de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, el ministro de Presidencia nombró a Raúl Díaz, asistente de Pedro Sánchez. Sin embargo, Raúl Díaz negó que fuera él quien hizo el nombramiento.

El juez sospecha que también ha podido darse un delito de malversación que estaría relacionado con la contratación de Cristina Álvarez, la ya mencionada asesora de Begoña Gómez que según la investigación, estaría ocupándose de la agenda privada de la esposa de Pedro Sánchez mientras estaba cobrando del erario público.

Por su condición de ministro y aforado, el instructor no puede continuar con la investigación ordinaria y, por ello, remite la exposición razonada al Supremo para que, en su caso, valore la posible apertura de causa formal contra Bolaños.

El origen de la investigación

El 'caso Begoña Gómez' investiga la supuesta implicación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en posibles irregularidades relacionadas con contratos públicos y adjudicaciones de fondos públicos a empresas con las que habría mantenido vínculos profesionales o académicos. La investigación se abrió tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Según las diligencias que se han llevado a cabo, Begoña Gómez, codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, habría mantenido contacto con compañías que posteriormente resultaron beneficiarias de contratos públicos, entre ellas Globalia, Barrabés o la consultora Innova Next, entre otras entidades privadas. Estas empresas habrían suscrito acuerdos de colaboración con programas universitarios que ella dirigía o en los que participaba de forma activa.

El juez investiga si estos vínculos pudieron suponer un conflicto de interés o tráfico de influencias en los procesos de adjudicación de ayudas públicas vinculadas a programas financiados con fondos europeos, especialmente los relacionados con los programas de transformación digital y sostenibilidad, claves en el reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este caso están ya imputados también Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid que trabajaba con Bolaños cuando la asesora fue contratada, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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