El juez del 'caso Begoña Gómez' pide al Supremo que investigue a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez instructor del denominado 'caso Begoña Gómez' ha elevado este lunes una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que se investigue al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falso testimonio. La decisión del magistrado se produce al entender que Bolaños, como aforado, debe ser examinado por el alto tribunal en relación con determinados hechos aparecidos durante la instrucción.

La resunta responsabilidad de Bolaños

En el marco de la investigación, el juez considera que existen indicios de que Félix Bolaños podría haber participado de forma activa en la defensa pública de la actuación de Begoña Gómez, realizando manifestaciones que, según el instructor, podrían ser constitutivas de falso testimonio, además de un eventual uso indebido de recursos públicos en su defensa política, lo que sustentaría la presunta malversación.

Por su condición de ministro y aforado, el instructor no puede continuar con la investigación ordinaria y, por ello, remite la exposición razonada al Supremo para que, en su caso, valore la posible apertura de causa formal contra Bolaños.

El origen de la investigación

El 'caso Begoña Gómez' investiga la supuesta implicación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en posibles irregularidades relacionadas con contratos públicos y adjudicaciones de fondos públicos a empresas con las que habría mantenido vínculos profesionales o académicos. La investigación se abrió tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Según las diligencias que se han llevado a cabo, Begoña Gómez, codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, habría mantenido contacto con compañías que posteriormente resultaron beneficiarias de contratos públicos, entre ellas Globalia, Barrabés o la consultora Innova Next, entre otras entidades privadas. Estas empresas habrían suscrito acuerdos de colaboración con programas universitarios que ella dirigía o en los que participaba de forma activa.

El juez investiga si estos vínculos pudieron suponer un conflicto de interés o tráfico de influencias en los procesos de adjudicación de ayudas públicas vinculadas a programas financiados con fondos europeos, especialmente los relacionados con los programas de transformación digital y sostenibilidad, claves en el reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Més Compromís rompe con Sumar por la falta de autonomía en el grupo