Begoña Gómez recurre su citación del 9 de junio y acusa al juez Peinado de llevar la causa a "una velocidad de crucero"

9 de junio, día en el que Begoña Gómez, juntos otros dos acusados, ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado para una audiencia preliminar donde le comunicará que la enviará a juicio y habrá vistilla de cautelares. El pasado 29 de mayo, el abogado de la mujer del presidente del Gobierno pidió aplazar la fecha.

Sin embargo, este lunes su defensa ha recurrido ante Peinado a la convocatoria del próximo martes a la Audiencia Preliminar de la ley del jurado. Considera que el juez ha puesto en la causa "una velocidad de crucero" que es "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal", es decir, "como si tuviera excesiva prisa" en que finalice el proceso.

El abogado y exfiscal Antonio Camacho denuncia la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a Gómez y los otros dos investigados. Según argumenta se trata de una resolución con un razonamiento "jurídicamente inaceptable". En su recurso cuestiona que el magistrado no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.

El juez Peinado, que se encuentra a unos meses de jubilarse, quiere que la esposa del presidente, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, sean juzgados por un jurado popular. Los tres están a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sus recursos.

Delitos

El magistrado le imputa a Gómez los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación por hechos relacionados a la cátedra que codirigió, al software que se creó en su seno, y a las labores que ejercía su asesora y que, según el juez, entraban en la esfera profesional y privada de Begoña Gómez.

Por su parte, su defensa rechaza estas imputaciones, subrayando con varios informes periciales sobre "los tres ejes fácticos sobre los que se construye la acusación", es decir, si hubo perjuicio económico para la Complutense, la naturaleza de la cátedra y el reparto de responsabilidades entre Gómez y su asesora- que ahora el juez no le permite que sean ratificados en la audiencia preliminar.

En uno de ellos concluye que el trabajo que desempeñaba la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid no solo causó un perjuicio económico a la entidad pública, como sostiene la universidad, sino que hubo "un superávit" de casi 13.000 euros. Sin embargo, la universidad, que se personó en enero como actor civil, reclama "daños y perjuicios" ante una presunta apropiación indebida del software ligado a la cátedra que ascienden a alrededor de 113.000 euros.

El juez rechazó llamar al codirector

La defensa de Gómez se queja de que el juez no le permita "contradecir pericialmente" las acusaciones antes de decidir si los enviará a juicio, lo que supone "una quiebra del principio de igualdad de armas", y añade que el juez le ha denegado "la practica totalidad de las diligencias" que ha pedido. En cambio, señala que las ya practicadas han sido por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.

Al igual que con la testifical del codirector de la cátedra, ya que el juez rechazó llamarle a declarar a petición de Begoña Gómez cuando, según su abogado, "nadie mejor que quien compartió la dirección" de la cátedra "puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultado".

La defensa apunta a que esa declaración "es imprescindible para pronunciarse sobre la apertura del juicio oral". Además, cuestiona que Peinado nunca haya citado a Ruano "a lo largo de una instrucción de extraordinaria extensión y duración, durante la cual se ha tomado declaración a decenas de testigos- algunos de ellos en más de una ocasión-".

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