El concejal burgalés Eduardo Villanueva, investigado por una factura de telefonía de 207.000 euros, ha presentado la renuncia a su acta de concejal, tal y como le habían solicitado tanto desde su partido, el PP de Burgos, como desde la Alcaldía de la ciudad.
A través de una carta, Eduardo Villanueva, ha explicado que renuncia a su puesto de concejal "con la conciencia tranquila" y lo hace por su familia y su partido. El ya exconcejal ha detallado que lo hace por su familia porque lo que está pasando "no hay salario ni puesto que lo pague", y por su partido para que "injustamente esta noble actividad como es la política no se vea perjudicada".
Asume la "responsabilidad política" pero no la "condena social" a la que está sometido
Villanueva ha señalado que no renunció cuando se lo pidieron el presidente provincial del PP, César Rico, y el alcalde la ciudad, Javier Lacalle, porque consideró que podía defenderse de las acusaciones mejor como concejal y porque supondría asumir "una culpa sobre algo que no he cometido".
El político popular ha apelado de nuevo, como ya hiciera en su comparecencia pública hace dos días, al informe de la Secretaría General del Ayuntamiento que, en su opinión, demuestra con "pruebas evidentes" que se produjo un "error involuntario" en la aplicación de la tarifa plana a su tarjeta de datos.
Villanueva ha afirmado que colaborará con la justicia en todo lo que le sea requerido y aportará las pruebas necesarias que obran en su poder.
En este sentido, se pregunta en su carta quién le reparará el daño a su reputación si la justicia dictamina que no existe delito alguno y que no es responsable de nada malo.
Villanueva ha sostenido en la misiva que "no ha mentido a nadie" y ha señalado que con su renuncia asume la "responsabilidad política" pero no la "condena social" a la que ha sido sometido.
