El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado en el Congreso que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben convertir el acceso al crédito o a la vivienda en un "privilegio", y ha asegurado que hasta 120.000 familias podrán acogerse al decreto ley, que se convalidará en el Pleno de la Cámara baja.
Así lo ha avanzado durante su defensa del decreto, afirmando que es un texto que "supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas" y reclamando el voto favorable de la oposición tanto al texto como a su tramitación como proyecto de ley para mejorarlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios.
"Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alterne el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder", ha defendido.
Así, ha subrayado que el decreto tiene como objetivo "proteger a los colectivos de especial vulnerabilidad" con una moratoria del lanzamiento de dos años, periodo en el que el Gobierno confía que "puedan superar la situación de especial dificultad que atraviesan" ya que la mayor parte de los impagos son por circunstancias sobrevenidas como consecuencia de la crisis y el paro.
Los alquileres sociales estarán entre 150 y 400 euros
Alquileres sociales
Las viviendas que formen parte del Fondo Social para alojar a víctimas de desahucios se alquilarán por precios de entre 150 y 400 euros y en ningún caso podrán tener costes que superen un tercio de los ingresos de los arrendatarios.
Según los cálculos del Ejecutivo, unas 600.000 familias cumplirán los requisitos para poder acogerse a esta medida, que busca dar una solución a las personas en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desahuciadas de sus casas por impago de su préstamo hipotecario.
Medidas del decreto
Para ello, se podrá aplicar la moratoria a quienes cumplan unas condiciones económicas como no superar tres veces el IPREM, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos, que en los últimos cuatro años la hipoteca haya pasado a suponer un porcentaje mayor de los recursos familiares y que sea el crédito sobre la primera vivienda.
Además, podrán acogerse las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, con un menor de tres años o con un miembro discapacitado; que haya al menos un parado que haya agotado las prestaciones, que convivan una o más personas con discapacidad, dependencia o enfermedad grave; o que el deudor sea víctima de violencia de género.
Según ha avanzado el ministro, hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, aunque ha aventurado que no se llegará a esa cifra. Sin embargo, este dato no llega ni a la quinta parte de los 621.000 posibles beneficiarios que el propio Guindos anunció en Bruselas una semana después de presentar el decreto.
Junto con la moratoria de dos años en los lanzamientos, también se prevé el "impulso urgente" a la creación de un Fondo social de viviendas destinadas al alquiler a precios "muy razonables" para personas que han perdido su vivienda.
En este sentido, Guindos ha asegurado que el Gobierno ya tiene el "compromiso" de entidades financieras para aportar 6.000 viviendas al Fondo Social para alquiler que prevé el decreto. "No es lógico que haya miles de familias sin vivienda cuando hay miles de viviendas vacías", ha añadido el ministro.
120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares para acogerse a la moratoria
Código de buenas prácticas
Guindos también ha avanzado que hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, y ha avanzado datos del Código de Buenas Prácticas del pasado mes de marzo, que ya preveía medidas de reestructuración de la deuda e incluso de la dación en pago.
En concreto, ha dicho que de las 101 entidades adheridas sólo 28 recibieron 278 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio). De ellas, 44 acabaron en una reestructuración y ocho en dación en pago, mientras el resto fueron rechazadas por no cumplir las condiciones.
Por su parte, entre julio y septiembre "se muestra un claro aumento del número de casos tratados", con hasta 722 solicitudes nuevas, de las que 604 se han resuelto, 127 de ellas con reestructuración de la deuda y 34 con dación en pago.
Soraya Rodríguez: no se paralizan los desahucios, se retrasan dos años
La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado que el decreto ley antidesahucios "no paraliza ningún desahucio", sino que sólo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y que las familias se queden sin casa, acusando al Gobierno de aprobar más bien una moratoria para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de sus viviendas.
Así lo ha expresado la diputada durante el debate de convalidación del decreto ley, contra el que los socialistas votarán además de presentar una enmienda de totalidad con una propuesta alternativa para hacer frente a asuntos como los intereses de demora, las quitas o los porcentajes de adjudicación de las viviendas a los bancos para que a los ciudadanos no les quede deuda pendiente.
"Hemos tratado de negociar, pero lo que traen no llega ni a la clasificación de urgente necesidad, porque han sido tan restrictivos en la delimitación de los beneficiarios que dejan las medidas sin contenido", ha lamentado la socialista, reclamando que no se retrasen las ejecuciones hipotecarias sino que se fomenten las renegociaciones de las hipotecas para que "las familias puedan pagar y mantener el uso y propiedad de su vivienda".
