Begoña Gómez
La Complutense se persona como perjudicada en el caso 'Begoña Gómez' para reclamar la reparación del posible daño económico
La UCM pide acceso a todas las actuaciones y activa la vía civil mientras el juez Peinado perfila un eventual juicio con jurado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado un paso inédito en el caso Begoña Gómez: se persona “en concepto de perjudicada” para ejercer la acción civil y reclamar la reparación del daño que, a su juicio, podrían haber sufrido sus intereses.
En su escrito al Juzgado de Instrucción 41, la representación letrada de la UCM subraya: “Considerando que los hechos de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme, en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el marco del procedimiento incoado”.
La universidad acompaña la resolución firmada por el rector Joaquín Goyache que autoriza ese movimiento procesal y solicita al juzgado traslado de todas las actuaciones para, en su caso, proponer diligencias y cuantificar los daños.
Un giro tras ser reconocida como “perjudicada”
El paso de la UCM llega días después de que el instructor, Juan Carlos Peinado, indicara el 3 de octubre que la universidad debía considerarse “perjudicada” en la línea que investiga apropiación indebida relativa a un software cuya financiación estaba destinada a la UCM.
Aunque en junio de 2024 el propio juez rechazó su personación como acusación particular por no apreciar entonces perjuicio económico, abrió ahora la puerta a su entrada como perjudicada.
En paralelo, Peinado citó a la UCM a la vista celebrada el 6 de octubre, en la que comunicó a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés que, si el procedimiento llega a juicio, sería un jurado popular quien enjuiciara los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Defensa y Fiscalía piden archivar; las acusaciones reclaman impulso
En esa comparecencia, las defensas solicitaron el archivo. La Fiscalía también pidió sobreseimiento, entre otras razones, al descartar que se hubiera producido una apropiación indebida del ‘software’ de la Complutense.
Frente a ello, las acusaciones populares, bajo la representación de Hazte Oír, instaron a continuar la instrucción y a citar como testigo al presidente del Gobierno por la vertiente relativa al software.
Su argumentario incide en el potencial valor del proyecto para la universidad: “Constituyen un capital intelectual e institucional susceptible de explotación comercial y académica, cuya apropiación indebida priva a la Universidad de un activo estratégico”; sostienen además que “el valor económico del software vinculado a la cátedra y su ecosistema supera con creces el medio millón de euros” por inversión, ‘know-how’ y capacidad de escalado, y que “Desde esta óptica, resulta jurídicamente indudable que nos hallamos ante un bien patrimonial de alto valor, cuya apropiación indebida a través de su explotación bajo titularidad privada (Transforma TSC, S.L. y el dominio ‘transformatsc.org’) genera un perjuicio directo para la Universidad Complutense y constituye un indicio sólido de ánimo de lucro y apoderamiento ilícito”. También denuncian una “confusión clara y evidente” por el uso de la misma denominación y conceptualización que el Máster, la Cátedra y el dominio web.
La versión de la investigada
Por su parte, Begoña Gómez ha negado a lo largo de la investigación haber cometido apropiación indebida de marca por registrar el logo “TSC Transformación Social Competitiva” y el software vinculado a la cátedra, y sostiene que no actuó con ánimo de lucro ni cobró retribución por dirigirla. Sobre el dominio en Internet, explica que lo registró siguiendo las indicaciones de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM.
Con la UCM ya personada, el foco vuelve ahora a la cuantificación del presunto daño y a si el juez practica nuevas diligencias antes de decidir entre archivo o apertura de juicio con jurado popular.
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