La Fiscalía pide archivar el caso de Begoña Gómez: descarta que su matrimonio con Pedro Sánchez sea tráfico de influencias

La Fiscalía ha vuelto a solicitar que se archive la investigación contra Begoña Gómez, esta vez por presunto tráfico de influencias y otros delitos vinculados con la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En su escrito, presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 41, el Ministerio Público sostiene que "la mera relación conyugal" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede convertirse en un "prevalimiento" delictivo, añadiendo que no se han detectado pruebas claras de influencia, ni directa ni indirecta.

Según el fiscal, "más allá de valoraciones éticas o estéticas sobre la conveniencia de determinadas actuaciones", no se ha demostrado un comportamiento concreto que permita afirmar que Gómez ejerció presión o influencia real sobre algún funcionario, y menos aún con la finalidad de obtener un beneficio económico.

A su juicio, se ha hablado de tráfico de influencias de manera genérica, "sin precisar ni concretar huna imputación con unos hechos corncretos y determinador y basados en pruebas o indicios reales y objetivos".

No obstante, también ha respondido al juez Juan Carlos Peinado, quien había señalado que "las acciones llevadas a cabo por Gómez derivadas de su relación de parentesco" con Pedro Sánchez podrían constituir la base para apreciar el delito. Pero, para el representante del Ministerio Público, esa idea equivaldría a construir hipótesis "fabulosas" sin correlación con lo actuado.

Respecto a la asesora Cristina Álvarez, otra que se suma a la lista de investigadas, la Fiscalía afirma que tampoco se justifica su imputación por tráfico de influencias, corrupción, malversación, apropiación indebida o intrusismo.

Recuerda que su rol es similar al que han tenido asesores de cónyuges de presidentes desde 1978, siendo un puesto de confianza "con una disponibilidad permanente". Entre 2018 y 2024, Álvarez acompañó a Gómez a numerosos actos, algunos relacionados con la UCM, y realizó tareas de "intermediación entre diferentes personas" de la universidad con patrocinadores y personal universitario. Sin embargo, el fiscal afirma que esto no constituye como prueba de delito.

Firmó por indicación

En cuanto al supuesto delito de apropiación indebida por el software desarrollado en la cátedra, la Fiscalía descarta que hubiera "ánimo de lucro", ya que el objetivo del programa era ofrecer de forma gratuita a "PYMES y ONG una herramienta para planificar y mejorar en desarrollo sostenible".

Además, también rechaza el intrusismo, argumentando que Gómez firmó los documentos porque "se le indicó" desde la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, y que no existe "componente doloso en su actuación".

Sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, cita un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) relativo a expedientes adjudicados a su grupo empresarial. Aunque detectaron "irregularidades de índole administrativo" y "valoraciones subjetivas en los contratos", para el fiscal no implica delito penal.

La fórmula usada para las valoraciones "no es singular o exclusiva de esos contratos" y se repite en otros contextos. Añade que Barrabés fundó su empresa en 2012 y comenzó a contratar con administraciones públicas en 2016-2017, alcanzando hasta 2023 un total de 28 adjudicaciones por 22.857.805,49 millones de euros.

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