Begoña Gómez
El Gobierno admite irregularidades en las adjudicaciones a Barrabés vinculadas a Begoña Gómez
Moncloa centra el mensaje en que Begoña Gómez no ha cometido delito, mientras un informe de la IGAE, órgano del Ministerio de Hacienda, detecta "gran opacidad", posible fraude de ley y discriminación en contratos de Red.es adjudicados a una UTE de Juan Carlos Barrabés con cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente.
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El Ejecutivo intenta encuadrar el caso en una sola pregunta: ¿Hay delito? Fuentes gubernamentales evitan entrar en el terreno de la oportunidad o la ética y subrayan que el foco es negar que Begoña Gómez haya cometido nada ilícito.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), un cuerpo de funcionarios dependiente de Hacienda, sostiene sin embargo que en determinadas adjudicaciones no se actuó conforme a las reglas. En paralelo, el Gobierno ha activado a la Fiscalía para solicitar al juez el archivo de la pieza separada que afecta a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid. La investigación, entre tanto, sigue aportando datos.
Qué dice el informe de la IGAE
En un documento de 303 páginas remitido a la Fiscalía Europea, la IGAE analiza adjudicaciones de Red.es por 8,4 millones a una UTE formada por Innova Next (del empresario Juan Carlos Barrabés) y The Valley Digital. En esos expedientes constan cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
La Intervención aprecia posible fraude de ley y discriminación y denuncia una "gran opacidad" en el proceso, que "no se ajusta al principio de transparencia" previsto en la normativa de contratación pública. La fiscalía comunitaria examina si hubo afectación a fondos europeos.
La UCO ha acreditado, tras revisar correos con un exvicerrector, que la asesora de Begoña Gómez en Moncloa también gestionaba asuntos de su cátedra en la Complutense. La cuestión que se abre en el juzgado es si esa actividad paralela a la agenda oficial pudo constituir malversación.
La Fiscalía discrepa: en su escrito destaca que Begoña Gómez "no ostenta la condición de funcionaria" y que por la cátedra “no recibía remuneración alguna”. Los emails, cerca de una veintena, se enviaron desde una cuenta personal pero en horario laboral y tratan de firmas, proveedores, convenios o asesoría jurídica. La implicación, según ese cruce de mensajes, fue mayor de lo que Begoña Gómez trasladó al juez. Para el PP, "se estrecha el cerco".
El encaje político
Moncloa insiste en el relato penal, archivo de la pieza y ausencia de delito, mientras la IGAE, que depende del propio Gobierno, firma un informe severo sobre la contratación pública vinculada al caso. El resultado es un tablero con tres capas: el examen de la Fiscalía Europea por la posible incidencia en fondos comunitarios; la instrucción en curso en los juzgados españoles; y el debate político sobre reglas, ética y conflictos de interés.
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