Begoña Gómez recurre el juicio con jurado popular y denuncia una causa "sin indicios" basada en "conjeturas"

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que su causa sea juzgada por un jurado popular, al considerar que se trata de una resolución "contraria a Derecho" y que se sustenta en "conjeturas" y "olvidos".

El recurso, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, sostiene que el auto del magistrado carece de indicios suficientes para justificar la apertura de un procedimiento de jurado popular y denuncia que la investigación se mantiene viva "aunque no exista elemento alguno en que apoyarla".

El escrito, presentado por su abogado, Antonio Camacho, niega que existan indicios de delito en las cinco imputaciones (tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusismo, malversación y apropiación indebida) y cuestiona la coherencia jurídica del auto. La defensa va más allá y afirma que la investigación gira, en realidad, a la condición personal de Begoña: "la única conclusión" es que se la investiga "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

Críticas a la falta de indicios

El recurso desgrana uno a uno los delitos atribuidos para rechazar su fundamento. En el caso de tráfico de influencias, sostiene que no existe prueba alguna de que Gómez obtuviera ningún beneficio económico ni de que ejerciera presión sobre funcionarios públicos.

También rechaza el delito de intrusismo, señalando que la firma de documentos por parte de Gómez se realizó a petición de la propia Universidad Complutense y conforme a la normativa interna, extremo avalado por testimonios incorporados a la causa.

En cuanto a la supuesta apropiación indebida de marcas, el recurso sostiene que ni existió tal apropiación ni ese tipo de delito sería aplicable a derechos inmateriales como marcas o dominios web.

Sobre el delito de malversación de caudales públicos, dedica un apartado específico sosteniendo que no existe indicio alguno de uso indebido de fondos públicos ni de desvío de recursos con fines personales.

Respecto a la corrupción en los negocios, la defensa argumenta que la financiación de la cátedra universitaria en cuestión se enmarca en prácticas habituales y que, en cualquier caso, los fondos iban destinados a una universidad pública, lo que dificultaría su encaje en ese delito.

"Juicio paralelo" y derecho a un juez imparcial

Uno de los argumentos centrales del recurso es el rechazo a que el caso sea juzgado por un jurado popular, al tratarse de un asunto "muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública". La defensa advierte de que esta circunstancia podría comprometer el derecho a un juez imparcial debido al impacto de lo que califica como un "juicio paralelo" ya instalado en el debate público.

Además, critica la falta de motivación del juez para optar por este procedimiento, recordando que la ley exige justificar de forma reforzada la elección del tribunal del jurado, especialmente cuando afecta a derechos fundamentales. El recurso solicita la anulación del auto que acordó acumular las investigaciones en una sola causa, abrir la vía del jurado popular y citar a declarar a los investigados el próximo 1 de abril.

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