El juez propone juzgar a Begoña Gómez ante un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado proponer de nuevo que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada por un tribunal de jurado. La decisión, recogida en un auto reciente, incluye también a su asesora en Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado da este paso después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara una resolución anterior por falta de fundamentación. Ahora, el juzgado ha fijado una comparecencia el próximo 1 de abril para informar a los investigados de su nueva situación procesal.

Delitos bajo investigación

Según el auto, el juez considera que, a partir de las diligencias practicadas, existen indicios que permiten atribuir a los investigados posibles delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, ambos competencia de un jurado popular.

Además, menciona otros posibles delitos como apropiación indebida, corrupción en los negocios, corrupción en el sector privado e intrusismo laboral.

El instructor sostiene que Begoña Gómez habría utilizado su cercanía al presidente para impulsar su actividad profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolló la cátedra de Transformación Social Competitiva.

El auto describe una relación entre Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés en el marco de este proyecto. Según el juez, se produjo una "integración funcional" del empresario, al tiempo que empresas de su entorno resultaron beneficiadas por adjudicaciones públicas.

También señala que Gómez habría intervenido en la captación de financiación y en la relación con entidades vinculadas al sector tecnológico y empresarial. El magistrado aprecia indicios de actuaciones que podrían encajar en delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Papel de la asesora

El juez también analiza la actuación de Cristina Álvarez, personal eventual en la Presidencia del Gobierno. Según el auto, habría participado de forma continuada en actividades vinculadas a la cátedra.

El magistrado considera que su intervención fue más allá de funciones administrativas y la sitúa como apoyo en tareas relacionadas con intereses privados.

El desarrollo del software

Otro de los puntos clave es el desarrollo de una plataforma tecnológica en el marco de la cátedra. El juez indica que este proyecto se orientó inicialmente a un registro universitario, aunque no llegó a completarse.

De forma paralela, Gómez y su asesora habrían asegurado el control privado de elementos vinculados al proyecto, como el dominio y la sociedad asociada, sin comunicarlo a la universidad ni a las entidades financiadoras. El auto añade que Gómez firmó documentos técnicos relacionados con contratos públicos sin contar con habilitación para ello.

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