Begoña Gómez acusa al juez de violar sus derechos por no aclarar por qué hechos la investiga

Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, quien está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha acusado al juez instructor Juan Carlos Peinado de violar su derecho a una tutela judicial efectiva. Lo ha hecho a través de su defensa, que alega que el juez no ha proporcionado la información necesaria en su respuesta a la solicitud de aclaración sobre los hechos que permanecen en el caso después de que la Fiscalía Europea asumiera parte del mismo.

Esto se detalla en un escrito de su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, en respuesta a la providencia emitida por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En dicha providencia, el juez respondía a la solicitud de la esposa del presidente del Gobierno para aclarar cuáles eran los asuntos que seguían en curso tras la decisión del órgano europeo de asumir los temas relacionados con los contratos adjudicados por Red.es a una UTE que incluía a Innova Next, empresa del empresario Juan Carlos Barrabés.

Camacho señala en su escrito que la Audiencia Provincial de Madrid indicó en su auto de respuesta a la Fiscalía, que había solicitado el archivo de las actuaciones, que de los tres bloques de hechos mencionados en la denuncia de Manos Limpias, solo había base probatoria suficiente para investigar los relacionados con la adjudicación de los contratos por parte de Red.es. Poco después, Peinado se inhibió a favor de la Fiscalía Europea en relación con los hechos "relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley".

El magistrado, recuerda Camacho, aseguró lo siguiente: "Sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran constituir infracciones penales y en las que se vieran afectados fondos europeos". Con esto, Camacho insiste en que la redacción de la parte dispositiva de la resolución "no es clara" y añade que "todo indica que la inhibición se produjo en relación con aquellos contratos para los cuales la Audiencia Provincial estimó que existían indicios suficientes para iniciar una investigación". "En definitiva, el juzgado se inhibía a favor de la Fiscalía Europea en relación a aquellos hechos que constituían el objeto del presente procedimiento", resume.

Sin embargo, como a su parecer, esto no era claro, pidieron una aclaración al juez, quien emitió la providencia conocida esta semana. "La providencia objeto del presente recurso no aclara en absoluto un elemento esencial de todo procedimiento penal, que es el conjunto de hechos que se imputan a la única persona que estaba sujeta a investigación", apunta Camacho. Añade que esto "afecta gravemente los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Constitución y distintas normas europeas e internacionales atribuyen a mi representada".

El abogado explica que esa providencia del juez da a entender "que está investigando aquellos bloques que la Audiencia Provincial de Madrid estimó que no reunían los elementos necesarios para abrir la investigación en un Estado de Derecho". Sin embargo, añade que tampoco lo dice con claridad y que "lamentablemente, la lectura de las actuaciones tampoco aclara el objeto del presente procedimiento". "Es imposible saber qué es lo que el juzgado estima que es objeto de investigación en la presente causa. Máxime si tenemos en cuenta que está citada a declarar en unos días sobre unos hechos que desconoce", lamenta.

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