Publicidad

TRAS FIRMAR EL CONVENIO DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS

Santamaría sobre el esfuerzo de los bancos "no es excesivo, sino solidario y conjunto"

Visiblemente emocionada la vicepresidenta del Gobierno se ha comprometido a hacer un seguimiento "mes a mes" del Fondo Social de Viviendas que por el momento está compuesto por 5.891 hogares aportadas por 33 entidades.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho en la firma del convenio para la puesta en marcha del fondo social de vivienda, que las personas afectadas por un desalojo tienen derecho a "una segunda oportunidad" para salir adelante y pagar por una vivienda un "precio razonable". Durante su intervención en el acto de firma, Sáenz de Santamaría, ha destacado que iniciativas como el fondo de viviendas de alquiler para personas desalojadas es "un momento importante" de la acción política de un Gobierno que tiene "efecto inmediato" en la situación de crisis en que vivimos.

"Podemos discutir si las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero sobre todo con este convenio nos ponemos en la piel de toda esa gente que confió en su futuro que invirtió en sacar adelante su familia y que no le fue bien", ha dicho. Por último, la vicepresidenta indicó que las casi 6.000 viviendas con que arranca el fondo social no suponen un "esfuerzo excesivo" para las entidades financieras y muestra la solidaridad de un país "que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar".

Los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, y representantes de la FEMP, las entidades financieras y las ONG han estado presentes en la firma del convenio que regulará el funcionamiento del fondo social de vivienda destinado a alquileres sociales para personas que han sufrido un desalojo. El fondo contará inicialmente con 5.891 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles que no han cedido a la Sareb, la sociedad que agrupa los activos tóxicos del sector inmobiliario en poder de la banca. Los alquileres tendrán una duración inicial de dos años y su precio oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30 % de la renta de la unidad familiar.

Publicidad

Concentración de agricultores malagueños

Agricultores malagueños denuncian una supuesta estafa de casi medio millón de euros por una comercializadora de frutas y hortalizas

"Estamos desesperados después de 4 años sin ver un duro y sin recibir explicaciones de la empresa. La situación es muy difícil, no podemos parar nuestro trabajo y hemos tenido que pedir prestamos y favores de almacenes para pagar cuando podamos", declaran los agricultores.

Indigente

Se encuentran a un indigente tirado en una cinta de facturación en Barajas: "No sabemos si está vivo, muerto o qué le pasa"

En la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid siguen conviviendo cientos de personas sin hogar, junto a pasajeros y trabajadores. Los empleados están desesperados y piden ayuda para que solucione cuanto antes.