INDEMNIZACIONES VIAJEROS
Renfe no ampliará las indemnizaciones por retrasos si no lo hacen las otras operadoras
La aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible queda en suspenso ante el temor del Gobierno a una desigualdad en el mercado ferroviario liberalizado.
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Renfe no ampliará por ahora las indemnizaciones a los viajeros por retrasos en sus trenes si el resto de operadoras ferroviarias no aplican las mismas condiciones.
Así lo ha decidido el Ministerio de Transportes, que ha paralizado la entrada en vigor de una de las medidas más polémicas incluidas en la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado 3 de diciembre de 2025.
Indemnizaciones ferroviarias más favorables al viajero
La norma contemplaba que Renfe recuperara su antiguo sistema de compensaciones, uno de los más favorables para los usuarios en Europa: devolución del 50% del importe del billete con 15 minutos de retraso y del 100% con 30 minutos.
Sin embargo, aunque la ley establecía su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, esta mejora para los viajeros no se aplicará de momento.
Aplicación bloqueada por el Gobierno
La razón justificada por el Gobierno es que imponer estas indemnizaciones únicamente a Renfe supondría una desventaja competitiva frente a otras compañías que operan en el mercado ferroviario español tras su liberalización.
Operadores privados como Iryo y Ouigo no están obligados a ofrecer esas compensaciones y se rigen exclusivamente por el Reglamento Europeo 2021/782, que fija mínimos menos exigentes: devolución del 50% con retrasos de 60 minutos y del 100% a partir de 90 minutos.
Desde el Ministerio de Transportes consideran que obligar solo a la empresa pública a asumir un mayor coste por los retrasos podría romper la igualdad de condiciones entre operadores y afectar a la competencia.
Por este motivo, el Ejecutivo ha optado por frenar la aplicación de esta parte de la ley mientras analiza posibles soluciones jurídicas y reglamentarias.
El bloqueo se produce pese a que la Ley de Movilidad Sostenible supone un cambio profundo en el modelo de transporte en España, al reconocerlo por primera vez como un derecho social y priorizar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
No obstante, el Gobierno teme que esta enmienda concreta pueda incluso ser inconstitucional si no se extiende al conjunto del sector.
El debate continúa abierto
Mientras tanto, los viajeros seguirán sujetos a las indemnizaciones actuales y el debate queda abierto entre la protección del consumidor y el equilibrio competitivo en un mercado ferroviario cada vez más fragmentado.
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