Las huelgas de Justicia retrasan decenas de miles de juicios hasta el año que viene

Los juzgados españoles atraviesan un tormenta perfecta. La huelga de funcionarios es la puntilla a una situación agónica que comenzó en enero con la de los letrados y continuo con las reclamaciones de jueces y fiscales. Aunque el origen del colapso es muy anterior, los juzgados reclaman desde hace décadas una administración más eficaz y una necesaria digitalización.

A todo esto hay que añadir el paréntesis que supuso la pandemia. Los funcionarios en huelga aseguran que son son más de medio millón los juicios que han tenido que ser suspendidos. Los usuarios de la Justicia son los primeros damnificados al ver como los procedimientos se eternizan. Hablamos de juicios en los que se dirimen indemnizaciones, o pagos y salarios atrasados, un dinero que necesitan particulares y empresas.

Emilio Gude, socio de bufete Ceca Magán Abogados explica que están proliferando nuevos métodos como el arbitraje: "Es un tipo de Justicia privada que utilizan aquellas empresas que pueden pagar los costes arbitrales, no para la gente de la calle". Pero no solo hablamos de pagos, el atasco afecta a desahucios, divorcios, custodia de menores, y todo tipo de delitos.

Emilio Gude se lamenta de que en este mes les han suspendido la mitad de los juicios que tenía previstos y que las fechas que les han emplazado para finales de año o para el 2024 lo que supone un retraso medio de entre ocho meses y un año.

El resultado es una Justicia lenta y por tanto menos justa.

La queja es unánime en el sector de la abogacía, aseguran que no se enteran de las suspensiones hasta que están en las propias salas y eso supone que tanto ellos como los clientes, los peritos, los testigos y todos los intervinientes se han tenido que desplazar en vano, algunas ocasiones incluso desde otras comunidades. Además los abogados suelen cobrar la minuta al término del juicio y esta situación les está llevando a situaciones límite.

Antón Echevarrieta es el decano del Colegio de Abogados de Vitoria asegura que de continuar así no descarta el cierre de algún despacho, sobre todo pequeños bufetes y abogados autónomos. Echevarrieta destaca que: "se están vulnerando derechos fundamentales de miles y miles de personas, El gobierno que venga va atener que hacer un plan estructural que soluciones todos estos problemas a futuro, ahora es un problema muy, muy grave". El resultado es una Justicia lenta y por tanto menos justa.

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