La Fiscalía investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante a una misma familia e hijos de funcionarios

La adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante ha quedado bajo revisión tras la entrega a la Conselleria de Vivienda de un informe elaborado por la Policía Local. El documento analiza la situación de 140 inmuebles situados en la urbanización Les Naus, en la zona de La Condomina, y recoge posibles irregularidades tanto en el proceso de asignación como en la ocupación posterior de los pisos.

El trabajo, realizado por las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios por encargo del alcalde, Luis Barcala, se ha desarrollado durante los últimos días con inspecciones presenciales para verificar quién reside en las viviendas. La actuación responde a un requerimiento de la Generalitat y coincide con una investigación judicial ya en marcha.

Entre los casos que recoge el informe figura el de cinco miembros de una misma familia, tres hermanos y dos primos, con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años que resultaron adjudicatarios de sendas viviendas. La portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, ha planteado dudas sobre el momento en que estos jóvenes se inscribieron como cooperativistas: "¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas? ¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?".

Inscripciones y vínculos familiares

El documento también señala más de una decena de situaciones en las que varios integrantes de una misma familia han obtenido pisos dentro de la promoción. En otro caso, una persona adjudicataria comparte apellido con otros dos jóvenes, de 19 y 22 años, que también accedieron a una vivienda.

Según ha explicado Cutanda, corresponde a la cooperativa encargada del desarrollo seleccionar a los adjudicatarios y detallar los criterios aplicados. "Las competencias están muy claras en este asunto", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento vendió el solar y licitó la obra, mientras que la cooperativa asumió la adjudicación. La Conselleria debía visar las solicitudes. El funcionario responsable de esa supervisión fue expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat.

El informe policial recoge además que en 89 de las 140 viviendas figura una sola persona empadronada. Sin embargo, la Policía Local tiene constancia de que en al menos una veintena de esos inmuebles residen más personas de las declaradas. También se han detectado 46 viviendas sin nadie empadronado en el momento de la inspección.

Empadronamientos y ocupación real

La revisión de los buzones ha aportado más indicios. En 26 viviendas se acumula correspondencia y publicidad, lo que sugiere ausencia prolongada. Asimismo, los agentes han identificado hasta 12 personas que viven en seis pisos donde no reside el titular. Para arrendar una vivienda protegida es necesario contar con autorización expresa de la Conselleria, y los adjudicatarios deben fijar su residencia en un plazo de seis meses desde la firma de la escritura.

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía. Hasta el momento se han producido tres dimisiones y cuatro propietarios han comunicado su intención de devolver las viviendas. El Ayuntamiento ha abierto tres expedientes informativos: uno relativo a dos técnicos de Urbanismo, otro a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y un tercero vinculado al acceso a información reservada.

La polémica ha generado malestar entre quienes aseguran haber quedado fuera del proceso pese a cumplir los requisitos. Una de las afectadas afirma: "Me dijeron que estaba todo vendido, con lo cual, yo seguí con mi vida. Pero claro, al ver estas cosas ahora, indigna bastante".

Para esta tarde se ha convocado una concentración en la ciudad. La investigación continúa mientras las administraciones implicadas revisan los procedimientos aplicados en la promoción.

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