El CGPJ precisa que los desahucios practicados afectaron a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a viviendas habituales. Más de la mitad del total de lanzamientos, alrededor de 9.000, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 6.700 derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 636 restantes, de otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 8,4%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 14,8%. Por regiones, Cataluña, con 3.704 lanzamientos, el 22,2% del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más procedimientos en el primer trimestre, por delante de la Comunidad Valenciana (2.658) y Andalucía (2.554). Estos territorios sumaron más de la mitad (53,5%) de todos los lanzamientos practicados en España en este periodo.
Atendiendo solo a los lanzamientos que fueron consecuencia de procedimientos de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña (2.449), seguida de Madrid (1.226), Andalucía (1.119) y la Comunidad Valenciana (1.100). En cuanto a los resultantes de ejecuciones hipotecarias, en esta última región se registraron 1.514; en Andalucía, 1.320 y en Cataluña, 1.130.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque avisa de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato "permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos". Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado. Así, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2016 fue de 17.386, un 9,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 10.500 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 11,4%.
Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias iniciadas hasta marzo fueron 14.175, un 29,8% menos que un año antes. Se trata de la cifra más baja de las registradas en un trimestre desde el tercero de 2008.Este descenso se produjo en todas las comunidades autónomas, excepto en el País Vasco, donde subieron un 14,8%, hasta las 202. Por regiones, algo más de una de cada cuatro ejecuciones hipotecarias se inició en Andalucía (3.826), seguida de Cataluña (3.079) y la Comunidad Valenciana (1.845).
Asimismo, los concursos de acreedores presentados hasta marzo fueron de 1.689, un 1,7% menos el año anterior. En este capítulo, debe tenerse en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley en 2015, la competencia para los concursos de las familias ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primer Instancia e Instrucción. Por ello, para el cálculo de la evolución interanual de los concursos se ha tenido en cuenta la suma de los concursos presentados en estos órganos judiciales --393 en el primer trimestre de 2016-- y de los 1.296 presentado en los Juzgados de los Mercantil. Casi el 25% de los concursos, hasta un total de 396, se presentó en Cataluña. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 265, y Madrid, con 237.
El número de concursos declarados en los Juzgados de los Mercantil disminuyó un 28,7% respecto al mismo trimestre del año pasado. Hasta marzo se declararon un total de 894 concursos, a los que se añaden los 273 declarados y concluidos al amparo de la Ley Concursal.
Además, durante el primer trimestre de 2016 llegaron a la fase de convenio un total de 215 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 1.045, un 11,6% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Por último, el informe indica que los procedimientos monitorios presentados hasta marzo en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 130.619, lo que supone una disminución del 21,5% respecto al mismo periodo de 2015.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias, que incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
