Tras el 9-N, las reacciones políticas no han tardado en llegar. El Gobierno espera la decisión del fiscal y, por medio del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido su firmeza para impedir que en Cataluña se celebrara un referéndum y ha opinado que ahora la Fiscalía "tiene materia para actuar" ante "hechos graves" que "merecen una respuesta".
Alonso, en rueda de prensa, ha declarado que el proceso participativo desarrollado en Cataluña el domingo fue "lamentable", una "farsa" y un "simulacro" sin ningún tipo de control democrático, una "burla al Estado de Derecho" y una agresión a los derechos de los ciudadanos catalanes.
El portavoz ha valorado el trabajo del Ejecutivo ante este proceso, pues, primero ofreció diálogo "dentro de la sensatez", y después "garantizó que no se violara la ley" y que no se celebrara un referéndum de autodeterminación y acudió en dos ocasiones al Tribunal Constitucional.
"El Gobierno seguirá tomando las medidas que tenga que tomar por si se ha violentado el derecho el domingo en Cataluña, que yo creo que sí", ha declarado.
Por otra parte y de forma opuesta, el Partido Socialista ha confirmado no ser partidario de condenar por desobediencia o prevaricación a los organizadores de la consulta soberanista. El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha insistido en la necesidad de resolver el conflicto en Cataluña por la vía del diálogo y la negociación.
"El PSOE cree que no es el momento de seguir actuando a través de los tribunales, es el momento de la política", aseguró la socialista Meritxell Batet.
Más lejos ha llegado UPyD, que apunta directamente al Gobierno de Mariano Rajoy. El portavoz adjunto del partido en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, ha explicado que a su formación le llevará tiempo decidir si presenta o no una querella contra el Gobierno por haber prevaricado al permitir la consulta alternativa del pasado domingo en Cataluña. "Nosotros no hacemos querellas por propaganda, se trata de cuestiones jurídicas que hay que hacer bien", ha indicado.
En declaraciones en la Cámara Baja, Gorriarán ha insistido en que el Ejecutivo central hizo dejación de funciones al no hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que dejaba en suspenso esa votación.
"El Gobierno ha incumplido una sentencia del TC clarísima y unánime y al no hacer cumplir esa sentencia lo que ha hecho es prevaricar", ha sentenciado, incidiendo en que era el Gobierno el que debía haber dado instrucciones para hacer cumplir la resolución del Alto Tribunal.
