Hace justo un año, el 31 de diciembre de 2017, aparecía el cuerpo sin vida de la joven madrileña que desapareció en una localidad coruñesa y cuyo crimen conmocionó a la sociedad española.
Fue un 22 de agosto de 2016 cuando, después de una noche en las fiestas de A Pobra, Coruña, se perdía la pista de Diana Quer. La joven mandaba un último mensaje a las 2:42 de la madrugada alertando a un amigo de que un “gitano la estaba llamando”.
Dos meses más tarde, el 27 de octubre, un mariscador localizaba el teléfono de la joven bajo el puente de Taragoña. Sin embargo, no es hasta julio de 2017 cuando una empresa extranjera lograba desbloquear el móvil de la joven para dar datos más exactos sobre su localización.
Un año después de su desaparición, la Guardia Civil realizaba una reconstrucción completa de los hechos, en la que se evidenciaba que la saturación de las antenas de telefonía por las fiestas de A Pobra había desviado algunas llamadas, por lo que el teléfono del principal sospechoso, conocido como el Chicle, determinaba que había salido del pueblo por el mismo lugar que la joven.
La detención de José Enrique Abuín Gey se precipitó cuando otra joven denunciaba que había sido víctima de una agresión en Boiro. La descripción del sospechoso y de su coche coincidía con la de Abuín, por lo que la Guardia Civil procedía a detenerlo el 29 de diciembre.
500 días después de la desaparición de la joven, el 31 de diciembre de 2017, Abuín acompañaba a los agentes a una nave industrial de Asados y señalaba el pozo donde se encontraba el cadáver de la joven madrileña. El 1 de enero el Chicle pasaba a disposición judicial y se decretaba su ingreso a prisión provisional, incomunicada y sin fianza.
Doce meses después el padre de Diana Quer pide que el caso de su hijo valla más allá de “una página de sucesos”. Tiene un objetivo claro y muy definido: la continuidad de la pena de prisión permanente revisable en el Código Penal español.
