LOTERÍA
El presidente del Club de Rugby de Igorre queda en libertad tras el caso de las papeletas de la Lotería de Navidad
Fue detenido por la Ertzaintza, acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal.
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La Ertzaintza citó ayer al presidente del Club de Rugby de Igorre en la comisaría de Durango. Nada más presentarse en dependencias policiales, fue detenido.
La medida fue bien recibida por algunos de los afectados. Asier señala que se alegró al conocer la detención, porque considera que eso demuestra que el procedimiento avanza.
Borja añade que, con 132 denuncias presentadas, le parece lógico que el acusado no permanezca en libertad sin comparecer ante la justicia.
Ambos son dos de las personas que todavía no han cobrado el tercer premio de la Lotería de Navidad. Recuerdan el disgusto que están viviendo desde entonces. Han pasado de la alegría inicial por celebrar el premio a la decepción de no haber recibido el dinero que les correspondería. Aseguran estar "chafados" por la situación.
Esta mañana han conocido la decisión del juez, que, tras tomar declaración al acusado, ha acordado dejarlo en libertad provisional mientras continúa el procedimiento judicial.
Mientras tanto, en Igorre crecen las suspicacias entre quienes han cobrado el premio y quienes todavía no lo han hecho. Borja reconoce que baraja la posibilidad de que algunos pagos se hayan realizado "a dedo".
Un vecino admite que hay personas que, en teoría, deberían haber cobrado antes que él y que, sin embargo, aún no han recibido el dinero, mientras que él sí lo ha cobrado.
Con el paso de los días, el ambiente se está enturbiando cada vez más en esta pequeña localidad vizcaína. Según Borja, conoce casos de compañeros que han dejado de hablarse a raíz de lo ocurrido.
El presidente del club mantiene que se vendieron 286 papeletas de más por un error humano. "Es que ya son demasiados errores humanos", afirma Borja.
Por su parte, Asier considera que, siendo generoso, podría llegar a entender que hubiera cincuenta papeletas de más, pero sostiene que, con más de doscientas, "no se lo cree nadie".
El investigado está acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal. Podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de cárcel y al embargo de sus bienes para hacer frente a los algo más de dos millones y medio de euros que se adeudan.
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