Un total de 103 colectivos sociales y políticos de toda España se han adherido hasta el momento a un manifiesto que exige la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación de Murcia, y manifiesta su "absoluto rechazo" al 'pin parental'.
Para los firmantes, esta medida "contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y, lo que es más importante, contradice el derecho fundamental de los niños y adolescentes a recibir una formación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia, como la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia y el respeto a la diversidad".
Entre los firmantes se encuentran asociaciones de mujeres, apoyo a la infancia, de jóvenes, padres de alumnos, ecologistas, docentes y vecinales de Murcia y otras regiones del país, así como los partidos PSOE, Podemos, IU y Equo, y los sindicatos UGT, CCOO, Sterm, CGT e Intersindical, entre otros colectivos.
Asimismo, si dicho debate acaba en los tribunales, es muy posible que se abra también una discusión en torno a lo que significa el texto del artículo 27 de la Constitución.
El punto uno establece el derecho de todos a la educación, y la libertad de enseñanza.Y el punto tres dice que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Y en esa palabra, "moral", se encuentra el fondo de la cuestión. De esta forma, muchos entienden que son los padres, y sólo ellos, quienes tienen el derecho y la obligación de formar moralmente a sus hijos.
La sociedad está dividida, pero en Murcia, el 'Pin Parental' es ya una realidad
