María del Carmen G., condenada por matar al violador de su hija

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PADECE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

Piden que la mujer condenada por quemar al violador de su hija siga su tratamiento en prisión

Después de que la Audiencia Provincial de Alicante ordenara el ingreso en prisión de la mujer que quemó al violador de su hija el abogado de la acusada ha presentado un recurso para solicitar que su representada pueda continuar con el tratamiento médico una vez en prisión para combatir su trastorno psiquiátrico.

La defensa de la mujer condenada por quemar en la localidad alicantina de Benejúzar en 2005 al violador de su hija ha presentado ante la Audiencia de Alicante un recurso de aclaración solicitando que su representada pueda continuar con su actual tratamiento médico una vez en prisión, con el objetivo de combatir el "trastorno psiquiátrico" que padece. 

La medida se produce después de que este martes la Audiencia Provincial haya ordenado el ingreso en la cárcel de la afectada. La mujer está acusada de quemar vivo al hombre que violó a su hija mientras éste se encontraba en un bar de Benejúzar disfrutando de un permiso carcelario.

El abogado de la madre, Joaquín Galant, ha explicado que su representada "tiene reconocido" un "trastorno psiquiátrico" desde que se produjeron los hechos, por lo que ha presentado el recurso para pedir que continúe con el tratamiento que actualmente recibe por parte de dos especialistas de Sant Joan d'Alacant y de Orihuela (Alicante).

Igualmente, ha reclamado que se le concedan "varios días, dos, tres o los que sean", para que los facultativos puedan mantener una reunión y adecuar el procedimiento con la afectada. Galant ha resaltado que el tratamiento ha permitido una "reinserción social perfecta" que le posibilita "hacer una vida normal", a pesar de que la "enfermedad es incurable".

Por otra parte, ha apuntado que varios colectivos de la localidad de Benejúzar han iniciado una recogida de firmas para solicitar un nuevo indulto para la mujer a través del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros, después de que el Tribunal Supremo (TS) rechazara una primera petición en este sentido.

 

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