Casas derribadas
Un millar de vecinos viven en Tenerife bajo la amenaza de perder sus casas construidas en suelo rústico
Son los vecinos del barrio de Lomo Negro, en Arona, Tenerife. Compraron sus terrenos, algunos, hace más de 20 años. Suelo rústico que esperaban se iba a recalificar. Pero ahora les están llegando notificaciones para derribar sus casas.
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Son unas 450 viviendas y más de mil familias afectadas, algunas con niños y personas mayores vulnerables. Muchos de estos vecinos llevan viviendo en el barrio desde hace más de diez años. Por eso se han manifestado. Reclaman una solución, han intentado llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Arona y Gobierno de Canarias, para la recalificación de los terrenos. Temen quedarse en la calle, teniendo casa propia. Saben del grave problema de vivienda que existe en el sur de la isla, donde no se encuentran alquileres asequibles. "Somos propietarios, compré el terreno donde he construido mi casa", nos cuenta Jacquelín, una de las vecinas. "Pagamos todos los tributos: IBI, basura... Si nos echan, ¿dónde vamos a ir?"
"si nos tiran la casa, lo harán con nosotros dentro"
Algunas familias pidieron al banco hipotecas para construir sus viviendas. Otra vecina se emociona al contar el esfuerzo que han tenido que hacer para tener esta casa. "Antes vivíamos cinco personas en un apartamento. Compramos el terreno y construimos la casa. Nos hemos endeudado y ahora ¿qué vamos a hacer si la tiran abajo?". Acompañamos Claudia hasta su casa. Es una de las dos viviendas a las le ha llegado la notificación de derribo. Heredó el terreno de su suegra y con su pareja han ido fabricando la casa de su sueños, un hogar que compartir con su hija pequeña. "No pensamos irnos, si nos tiran la casa, tendrán que hacerlo con nosotros dentro".
Este martes, los vecinos se movilizaban para frenar los derribos. Bajo gritos de "no somos okupas, son nuestras casas", han conseguido que las palas no entren de momento en el barrio. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, perteneciente al Gobierno de Canarias, ha paralizado de momento la demolición. Una suspensión temporal, según apuntan, por "motivos de seguridad” ante las protestas vecinales. El procedimiento queda ahora en manos del juzgado. Pero la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural insiste en que hay un incumplimiento de la normativa urbanística.
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