Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso monje shaolín

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PERO CONSIDERA QUE NO HUBO ENSAÑAMIENTO EN LOS CRÍMENES

El jurado declara culpable de asesinato con alevosía al 'falso monje shaolín'

Juan Carlos Aguilar, 'el falso monje shaolín', reconoció los asesinatos de Yenny Rebollo, colombiana de 40 años, y Ada Otuya, nigeriana de 29 años, el 25 de mayo y el 2 de junio, respectivamente. Ahora será el juez el encargado de dictaminar la pena de cárcel que debe cumplir.

El jurado popular ha declarado a Juan Carlos Aguilar, 'el falso monje shaolín', culpable de asesinar con alevosía a Yenny Rebollo, colombiana de 40 años, y a Ada Otuya, nigeriana de 29 años, el 25 de mayo y el 2 de junio, respectivamente, tras recogerlas en su vehículo en la calle General Concha de Bilbao y llevarlas a su gimnasio. 

El jurado considera que no ha habido ensañamiento en el caso del asesinato de Ada Otuya. Aguilar descuartizó el cadáver de Rebollo y se deshizo de las vísceras, y estranguló a Otuya, que había intentado huir pidiendo auxilio, pero el 'falso shaolín' la cogió del cuello y la arrastró dentro del local para asfixiarla con una cuerda. 

Una vecina alertó a la Ertzaintza, que se desplazó al lugar y detuvo a Juan Carlos Aguilar, que estaba sudado, con el torso desnudo y con arañazos. Al lado, insconsciente, con una parada cardiorrespiratoria, se encontraba Ada Otuya, con cinco vueltas de cuerda alrededor del cuello. 

Tras reanimarla fue trasladada al Hospital de Basurto, donde ingresó en coma y falleció el 5 de junio por el estrangulamiento al que había sido sometida. El mismo 2 de junio, cuando la Policía vasca entró por la fuerza en el gimnasio, halló en el tatami un total de seis bolsas verdes de basura que contenían restos del cadáver de Yenny Rebollo. 

En un falso techo de un vestuario de acceso restringido localizó otra bolsa, y una octava en el domicilio del procesado en la calle Iturriza. 

El juicio se celebró entre los días 17 y 22 de abril en el Palacio de Justicia de Bilbao, y a preguntas del fiscal, el propio procesado reconoció, con una respuesta afirmativa o negativa, los hechos relatados por el fiscal en su escrito de acusación, en el que pedía un total de 40 años de prisión por dos asesinatos con alevosía. 

"Lo reconozco todo", aseguró el acusado, en la frase más larga que ha pronunciado en la vista oral. 

De esta forma, admitió que el 25 de mayo, sobre las 3:20 de la madrugada, cuando circulaba con su coche, un Mitsubishi, por la calle General Concha de Bilbao, apareció Jenny Rebollo. Como un hombre estaba molestándola, la víctima se subió a su vehículo y se dirigieron juntos al gimnasio ZEN 4 que él regentaba, ubicado en la calle Máximo Agirre. 

Una vez en el local, le ató las muñecas con cuerdas y bridas, y la agredió hasta matarla. Además, le propinó puñetazos y patadas. En los días posteriores, descuartizó el cuerpo sin vida de Rebollo y guardó parte del cadáver, mientras que se "deshizo del resto". 

Sobre las seis de la mañana del 2 de junio, el fin de semana siguiente al crimen de Yenny Rebollo, Aguilar acudió a las inmediaciones del bar 'Canei', de la calle General Concha y contactó con Maureen Ada Otuya "para mantener relaciones sexuales". 

Pasado un tiempo, en el gimnasio, ella intentó escapar y huyó hacia la puerta del establecimiento, pero él la llevó de nuevo hacia el interior. En un habitáculo, la ató por las muñecas y el cuello, y la estranguló utilizando cuerdas y bridas. 

La abogada del acusado entregó en la Audiencia Provincial de Bizkaia hace más de un mes un escrito -que fue leído en el juicio- firmado por el 'falso shaolín' con este relato de los hechos. 

En él Aguilar aseguraba que cometió los dos crímenes de manera "súbita, imprevista e inesperada", sin dar oportunidad a las víctimas a defenderse. Los abogados de la acusación denunciaron en la vista oral que se trataba de un "jugarreta judicial" para lograr rebajar la pena en cinco años. 

Tras la deliberación del jurado y la declaración de culpabilidad del acusado de dos asesinatos con alevosía, el magistrado-presidente, Manuel Ayo, tendrá que dictar sentencia en base a los hechos considerados probados por el Tribunal popular y establecer los años de pena que le corresponden.

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