El juzgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra lleva meses requiriendo al Ayuntamiento de Tui para que ejecute una sentencia de 2014 que anula las licencias de actividad y obra de la pirotecnia La Gallega situada en Baldráns (cuyo dueño es investigado por la explosión de un almacén ilegal de material pirotécnico en otra parroquia el pasado miércoles), y que implica la clausura y demolición de las instalaciones. El último requerimiento es del pasado 3 de mayo, cuando se da un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que remita las actuaciones que está llevando a cabo para dar cumplimiento a esa sentencia.
Este es el último paso de un largo proceso judicial iniciado en 2013, cuando el gobierno local de Moisés Rodríguez (PP) otorgó licencia de actividad y de obra mayor para la pirotecnia La Gallega, situada en la parroquia de Baldráns. Un vecino de la zona recurrió esa decisión municipal, alegando que la empresa incurría en varias infracciones urbanísticas, así como otras irregularidades relacionadas con la seguridad, y los tribunales le dieron la razón: primero en instancia, en diciembre de 2014 y, unos meses después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Desde entonces, la representación legal de este vecino ha estado reclamando la ejecución de dicha sentencia, que implica la reposición de la legalidad urbanística y, por tanto, el cese de actividad y la demolición de las instalaciones de la pirotecnia. En estos años, el procedimiento se ha complicado en un carrusel de recursos por parte, tanto de la empresa, como del propio Ayuntamiento. Así, la representación de la pirotecnia mantiene que la sentencia se ha ejecutado por cuanto no existe actividad en las instalaciones (aunque el vecino demandante insiste en lo contrario).
Mientras, el gobierno municipal de Tui, primero con el alcalde socialista Enrique Cabaleiro y, desde octubre de 2017, con Carlos Vázquez Padín, también afirma que la administración local ha cumplido su parte al anular las licencias, ordenar el precinto y cese de actividad, y encargar un proyecto de demolición. No obstante, mantiene que, al estar La Gallega en suelo rústico de especial protección, es competencia de la Xunta ejecutar dicha demolición y reponer la legalidad urbanística.
Así las cosas, y después de que la Xunta emitiese informe señalando que es el Ayuntamiento de Tui el competente para ejecutar dicha sentencia, varios técnicos municipales han emitido informes (el último en diciembre de 2017) en los que constatan que, pese a que no se observa actividad aparente en las instalaciones, la sentencia del contencioso administrativo no se ha ejecutado, ya que no se ha procedido a la demolición de dichas instalaciones.
