Apátridas
El Gobierno excluye a los apátridas de la regularización de migrantes: el 95% son saharauis
El Consejo de Estado recomendó dejar fuera a los solicitantes de apátrida del borrador inicial del Gobierno.
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El Gobierno prepara una regularización que puede beneficiar a cerca de medio millón de migrantes en España en situación irregular, si cumplen los requisitos. Sin embargo, hay un colectivo que se queda fuera. Se trata de los apátridas, personas a las que ningún país reconoce como ciudadanos.
En España viven actualmente 11.516 apátridas, y al menos el 95% son saharauis, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aunque el Ejecutivo defiende que este grupo ya cuenta con un procedimiento específico que les permite residir y trabajar en el país, las asociaciones denuncian que la realidad es muy distinta.
El estatuto de apátrida, regulado por el Real Decreto de 21 de julio de 2001, reconoce el "derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales". Pero obtenerlo no es rápido y muchos solicitantes pueden esperar hasta tres años sin poder trabajar ni acceder plenamente a derechos básicos.
Pero las asociaciones denuncian una realidad distintas, ya que "en esos dos o tres años ni tiene autorización para poder trabajar, ni tiene asistencia sanitaria ni puede salir de territorio español... No hay garantía ninguna", explica a EFE Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España. Para la letrada, se trata de un "trato desigual" ante "situaciones idénticas", considerándolo "un acto de discriminación intencionado hacia el colectivo de saharauis".
Los incluyeron en el borrador
Sin embargo, la exclusión de este colectivo no estaba prevista en un principio, puesto que los primeros borradores del Gobierno sí incluían a los solicitantes de apatridia, pero el dictamen del Consejo de Estado desaconsejó su incorporación, y finalmente quedaron fuera del texto.
Mientras, la realidad en las calles refleja las dificultades, como el caso de Abdil, que lleva tres años en España y ha recorrido más de 300 kilómetros desde León hasta Bilbao para conseguir un documento clave en su proceso: "Vengo para sacarme mi certificado penal". Sin ese papel, no puede regularizar su situación. "Si no tienes papeles no puedes trabajar, no puedes hacer nada", explica.
Largas colas
Las colas para conseguir documentos o citas son interminables. Algunos migrantes pasan la noche esperando. "Desde la 1 de la mañana haciendo fila", relata uno, a lo que otro, aún con ánimo, añade que "ya estamos aquí, ya hicimos lo más difícil!.
En lugares como Almería conseguir una cita en comisaría se ha convertido en una carrera de obstáculos. La avalancha de solicitudes es tal que el Gobierno calcula que cerca de medio millón serán finalmente aprobadas. Esto tendrá impacto incluso en pequeños municipios, como uno en Segovia donde 400 extranjeros regularizados conviven con apenas 80 vecinos españoles.
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