La mayoría de los internos del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona ha incumplido de forma grave la ley de extranjería o ha cometido algún delito y se encuentra a la espera de ser expulsado a su país de origen. Se trata de personas con antecedentes penales o policiales que han cometido infracciones.
La nueva normaltiva establece que se legisle sobre el funcionamiento de estos procesos, hasta el momento no existía ninguna norma que lo hiciera.
El ministerio del Interior quiere acabar con la polémica sobre las condiciones de los internos por lo que abrirá la puerta a las ONG. El 80% de los casos de estos internos acaba en expulsión a su países, un proceso que tarda una media de 25 días en tramitarse y que cuenta con 60 días de límite para hacerlo.
En 2011 casi 2.000 extranjeros pasaron por el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona, de los cuales 1.500 fueron devueltos a su país de origen.
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha asegurado que el Gobierno prioriza la expulsión de los inmigrantes con antecedentes judiciales o policiales y que no deportará a los que, sin tener la documentación en regla, acrediten arraigo social en España.
El secretario de Estado, que ha presentado algunas de las propuestas que recogerá el nuevo reglamento de los CIE para mejorar las condiciones de vida de sus internos, ha explicado que su intención es que en estos centros, donde los inmigrantes pueden pasar hasta 60 días antes de su expulsión, sólo ingresen las personas que realmente serán deportadas.
