La Fiscalía pide la absolución de la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi tras considerar que su estado mental la hace inimputable

Las conclusiones del informe de psiquiatría sobre la salud mental de la enfermera ‘antivacunas’ de Santurtzi han provocado un giro inesperado en el caso. La Fiscalía ha modificado su posición tras ver el informe forense presentado este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia. Ha solicitado su absolución tras considerar que la mujer actuó bajo un trastorno delirante que anulaba por completo sus capacidades cognitivas y volitivas.

En su escrito final, se sustituye la petición inicial de 7 años y medio de prisión por la imposición de medidas de seguridad, que incluyen 2 años de tratamiento ambulatorio psiquiátrico y 7 de inhabilitación para ejercer como profesional sanitaria (2 por daños y 5 por falsedad documental). Además, reclama una indemnización de 20.000 euros a Osakidetza por los costes correspondientes al revacunar a los menores afectados.

A pesar de ello, las familias de 42 de los niños afectados, representadas por la acusación particular, mantienen su solicitud de condena de 7 años y 6 meses de prisión, 9.000 euros de multa y 7 años de inhabilitación. Además, están barajando presentar una reclamación a Osakidetza por responsabilidad civil, ya que la mujer mostraba desde hace tiempo signos de alteraciones mentales.

La defensa, por su parte, ha recalcado que la acusada no era antivacunas, sino que es una persona con una enfermedad mental grave.

Una práctica reiterada durante más de un año

Los hechos investigados se produjeron entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, cuando la enfermera estaba destinada en el servicio de Pediatría del centro de salud de Kabiezes. Según ha quedado acreditado en el juicio, durante ese tiempo simuló la administración de vacunas a más de 400 menores, pero en realidad no las inyectaba. Registraba falsamente las dosis en las cartillas infantiles y en la historia clínica digital de los pacientes.

Las pruebas practicadas, desde los testimonios de familias y profesionales sanitarios hasta las serologías realizadas a los niños, apuntan a que las vacunas nunca fueron aplicadas. La Fiscalía ha señalado que esta situación ha provocado un desaprovechamiento de esas vacunas, además de obligar a iniciar una campaña de revacunación.

Visto para sentencia

El caso, que ha tenido gran repercusión social, ha quedado visto para sentencia. Ahora la Audiencia de Bizkaia será quien decida si la sanitaria es inimputable y debe recibir tratamiento médico o si, como piden las familias, debe cumplir una condena de prisión.

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