Denuncias cáncer
La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal de altos cargos
Remite las diligencias a varias fiscalías provinciales para continuar la investigación "de forma individual y separada", ya que las denuncias no presentan las mismas casuísticas.

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La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal en personas aforadas y ha remitido las diligencias a varias fiscalías provinciales para continuar la investigación "de forma individual y separada", ya que las denuncias no tienen las mismas casuísticas.
La Fiscalía Superior andaluza, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, ha emitido un decreto de archivo sobre las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mamá contra cinco personas que ocuparon altos cargos en la Consejería de Salud.
Este archivo, del que la Fiscalía ha informado en un comunicado, se produce al concluir, tras las diligencias preprocesales practicadas, que no existen indicios de delito contra dos aforados, concretamente el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, quienes ocuparon con anterioridad la cartera de Salud en la Junta de Andalucía.
"No existe un patrón"
El escrito señala que en los hechos denunciados por las mujeres "no existe un patrón" que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos y señala que "han de ser investigados de manera individual y separada".
El decreto también recoge que algunas denuncias exponen "manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna" en relación a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y una investigación más prospectiva seria contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, sobre todo, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido de manera libre no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.
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