Operación policial

Detienen a 23 personas en Sevilla, Almería y Barcelona por el fraude de más de 6 millones de una empresa de seguridad

El grupo tenía una extensa red de colaboradores y una estructura societaria con más de 80 sociedades y 30 testaferros.

Un coche de la Policía Nacional

Un coche de la Policía Nacional Efe

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La Policía ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba presuntamente al blanqueo de capitales y que habría defraudado más de 6 millones y medio de euros a la Seguridad Social. La operación se ha saldado con 23 arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona, aunque no se descartan nuevas detenciones.

Las investigaciones apuntan a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y a una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.

La supuesta actividad fraudulenta se realizaba desde una empresa de seguridad privada que llegó a dejar de pagar a los trabajadores y cedía de forma ilegal sus servicios y facturación a otra empresa de seguridad.

Los agentes han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, además de siete vehículos, tres pistolas, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, así como munición para arma corta. En los registros han participado un centenar de agentes y se han efectuado tanto en casas particulares como en despachos y empresas, donde se ha intervenido material electrónico y documentación.

80 sociedades y 30 testaferros

La investigación arrancó en marzo de 2022 a raíz de una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba las nóminas a 600 trabajadores desde diciembre de 2021. Asimismo, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, con el objetivo --según la Policía-- de descapitalizar a la aludida mercantil, al mismo tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.

El grupo tenía una extensa red de colaboradores y una estructura societaria con más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la que simulaba transacciones comerciales que le permitían mover el dinero en el circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.

El líder del grupo habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa, pero al no poder devolver ese dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes.

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