Narcotráfico
Decenas de petaqueros detenidos en Cádiz solicitan ser excarcelados e indemnizados por privación de libertad
Varias decenas de ciudadanos interceptados en la provincia de Cádiz con combustible destinado al narcotráfico han pedido su puesta en libertad, el archivo de sus causas e incluso indemnizaciones tras la reforma del Código Penal realizada en abril de 2026.
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La práctica del denominado "petaqueo", la actividad consistente en suministrar grandes cantidades de combustible a organizaciones dedicadas al narcotráfico, sigue generando numerosas intervenciones policiales en la provincia gaditana. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional realizan actuaciones periódicas en dichos cargamentos de gasolina destinados a abastecer a las narcolanchas utilizadas para transportar principalmente cocaína y hachís.
Una reforma aprobada en abril de este mismo año ha cambiado parte de las reglas del juego. Esta modificación introdujo una regulación específica para el transporte irregular de combustibles líquidos, estableciendo penas de entre tres y cinco años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Supremo especificó en junio que estas nuevas condenas no podrían aplicarse a hechos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la reforma.
Esta medida se está dejando notar en los juzgados gaditanos. Algunos ciudadanos que ingresaron en prisión provisional por presuntos delitos de petaqueo cometidos antes de abril están pidiendo su excarcelación. Ahora, los tribunales deben hacer frente a estas solicitudes cuando los hechos no pueden ser juzgados conforme a la nueva regulación.
Además, se están dando casos en los que se solicita archivar o suspender provisionalmente procedimientos relacionados con actuaciones anteriores a la reforma. Incluso, la decisión del Supremo ha desencadenado reclamaciones económicas por parte de quienes consideran que permanecieron privados de libertad de forma indebida.
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El abogado Álvaro Aznar Revuelta, experto en casos judiciales de narcotráfico, nos confirma que serían decenas las personas que han solicitado tales acciones tras dicha reforma del Código Penal. En cualquier caso, la Fiscalía puede recurrir al artículo 348 del Código Penal, cuando el almacenamiento o transporte de sustancias inflamables incumpla las normas de seguridad y genere un peligro concreto para personas o medio ambiente, un delito castigado con penas de entre seis meses y tres años.
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