Fraude
Casi 70 detenidos, entre abogados y gestores, por bloquear con un 'bot' las citas de extranjería y revenderlas
Las víctimas se veían obligadas a pagar una cantidad de dinero que oscilaba entre 30 y 200 euros para solicitar las citas, un trámite que es gratuito
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La Policía Nacional ha desarticulado una banda y detenido a 69 personas en diferentes provincias por bloquear con un 'bot' informático el sistema de citas de extranjería y revenderlas, a pesar de ser un trámite gratuito.
Tal y como han confirmado fuentes del caso los arrestos se han llevado a cabo en Madrid, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Córdoba, Baleares, Marbella, Murcia, Tarragona, Tenerife, Toledo y Valencia. Se les acusa de ser presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y daños informáticos.
Además, hay otras 25 personas que están siendo investigadas y que por el momento no han sido detenidas en las provincias de Madrid y Cádiz.
Pedían una suma de dinero a cambio
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia inició la investigación, que más tarde pasó al Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, a raíz de un informe técnico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial.
Gracias a dicho informe los investigadores llegaron hasta una red criminal que utilizaba un 'bot' informático capaz de obtener la totalidad de las citas personales disponibles, que son "imprescindibles" para presentar trámites obligatorios de extranjería en todo el país.
Dicho programa funcionaba bloqueando a los usuarios el acceso al servicio público gratuito que presta la Policía Nacional para la realización de trámites de extranjería. Según los agentes, para usar el 'bot' los implicados disponían de una licencia propia que incluía una hoja de cálculo en la que cumplimentaban los datos de los solicitantes finales de la cita.
Los agentes han detallado que debido a la inaccesibilidad al servicio los ciudadanos extranjeros interesados en pedir citas muchas veces se veían obligados a recurrir a alternativas, incluso a contactar con los propietarios o intermediarios de los 'bot', que eran abogados, gestores y asesores, a cambio de una cantidad económica que oscilaba entre 30 y 200 euros.
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