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Cañada Real

Cáritas Madrid eleva al Congreso los cortes de luz en la Cañada Real

La organización pide al Congreso que se estudie y debata su propuesta no de ley sobre la situación de los vecinos de la Cañada Real.

Cáritas Madrid ha presentado este lunes una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados para resolver la situación de emergencia en la que se encuentra la Cañada Real de Madrid. Los vecinos de estos asentamientos de chabolas llevan desde el mes de octubre sin suministro eléctrico por los continuos cortes provocados por los enganches a la red eléctrica, lo que ha provocado una sobrecarga que ha dejado al poblado sin red eléctrica.

En el documento propuesto, Cáritas señala la necesidad de emprender una "acción coordinada por parte de las administraciones implicadas", tanto para "dar solución a la emergencia de la falta de luz en contexto de un invierno sin precedentes", y para alcanzar "la dignificación de la vida de las personas asentadas", indica.

La situación de las más de 7.500 personas que viven en la Cañada Real se agravó con la llegada del temporal 'Filomena' que ha cubierto de nieve Madrid y la posterior ola de frío que ha dejado temperaturas bajo cero récord en la capital. Durante esos días muchos vecinos se quedaron aislados y sin electricidad en sus casas, por lo que el frío fue un agravante de su situación. Los que contaban con un generador eléctrico, han tenido que recorrer carreteras cubiertas de nieve para conseguir combustible en una gasolinera.

Por ello, Cáritas insta a impulsar una colaboración de las administraciones territoriales competentes, firmantes del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana (17 de mayo de 2017), para que, "acelerando los plazos previstos, se cumplan sus objetivos".

Entre dichos objetivos propuestos a los grupos parlamentarios para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, se encuentran el de "restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas". Por otra parte, también piden "regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad".

También piden que se estudie "la elaboración, dotación presupuestaria y puesta en marcha de una estrategia para el realojo de la población" que "no puedan continuar en sus viviendas o infraviviendas y adoptar medidas urgentes", así como de "diseñar un mecanismo eficaz y periódico de rendición de cuentas" sobre el progreso alcanzado, indica el documento.

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