Robos

El 'boom' de las algarrobas multiplica los robos: incautadas 110 toneladas solo en la Comunidad Valenciana

La Guardia Civil ha detenido a 18 personas por robo de algarroba esta temporada.

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En pocos años la demanda de la algarroba se ha disparado, y con ello también su precio. Hace dos años el productor recibía unos 30 céntimos por kilo, ahora, en algunas plantaciones se está pagando ya a 2 euros.

Las propiedades de este fruto mediterráneo, rico en proteínas, hidratos de carbono y antioxidantes, lo han puesto de moda, pasando a convertirse en la alternativa perfecta a la caída del cultivo de almendros. Su uso no se limita únicamente a la alimentación, sino que también se extiende a otras áreas como la cosmética o el sector textil.

Uno de los cultivos más revalorizados

Convertirse en uno de los cultivos más revalorizados de los últimos tiempos, unido a que es muy fácil de recoger ha hecho que los robos en el campo se multipliquen. De hecho, este verano la Guardia Civil y la Policía nacional han incautado 110 toneladas de algarrobas solamente en la Comunidad Valenciana. "Con un saco una persona puede sacar unos 30 euros", reconocen desde el Grupo Roca del instituto armado.

Con el incremento de los hurtos a muchos agricultores solo les queda una alternativa: "En cuanto estén buenas cogerlas porque sino te quedas sin ellas. Hay zonas por aquí que las han dejado limpias", afirman.

Nuevos protocolos

Muchos de los ladrones llevan las algarrobas robadas a almacenes ilegales que después las comercializan. Por eso, tras el 'boom' de la algarroba, los controles se han intensificado, principalmente en empresas agroalimentarias, donde de los vendedores deben aportar la documentación para verificar la procedencia del producto.

En Baleares han actualizado el protocolo de actuación para evitar hurtos en el campo que incluye un certificado, expedido desde las delegaciones comarcales para cada uno de los titulares de explotaciones que cultivan algarroba, una declaración responsable para todos los propietarios que no sean profesionales y un contrato alimentario, aplicado para operaciones que superen los 1.000 euros.

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