La Audiencia de Almería permite intervenir el dinero de la asesina de Gabriel en prisión tras 7 años sin cumplir la indemnización

La lucha de Patricia Ramírez para que se respeten los derechos de las víctimas y se cumpla la condena impuesta por el asesinato de su hijo Gabriel ha sumado un nuevo respaldo judicial. La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la intervención del dinero que la condenada, Ana Julia Quezada, pueda recibir en prisión, después de desestimar el recurso presentado por su defensa contra esa medida.

La decisión ha sido comunicada mediante un decreto fechado el pasado 5 de diciembre y supone un paso relevante para la familia, que lleva años denunciando la falta de cumplimiento de la responsabilidad civil. Según recuerda la propia Ramírez en un comunicado difundido este 16 de diciembre, en todo este tiempo "se nos ha pagado de responsabilidad civil menos de 250 euros".

El tribunal considera que la interna tiene cubiertas todas sus necesidades básicas dentro del centro penitenciario y que, por tanto, cualquier cantidad adicional que perciba puede destinarse al pago de la indemnización. En palabras literales del escrito remitido por la madre de Gabriel, la Audiencia reconoce "el carácter embargable del peculio así como de cualquier otra pensión, asignación que pudiese tener reconocida o cantidad por cualquier concepto", al entender que el mínimo de subsistencia "ya lo recibe dentro del centro penitenciario".

La resolución judicial rechaza así los argumentos de la defensa y asume el planteamiento de la acusación, que sostenía que el exceso económico debía ir destinado "a la satisfacción del interés de las víctimas y al pago de su responsabilidad civil". A partir de ahora, la familia confía en que el centro penitenciario informe de cualquier trabajo o ingreso que reciba la condenada, con el fin de evitar que vuelva a repetirse una situación que consideran injusta y prolongada en el tiempo.

La acusación pide que se investiguen sus posibles bienes fuera de España

Paralelamente, la acusación ha vuelto a solicitar a la Audiencia Provincial la investigación de posibles bienes fuera de España. "Son siete años en los que nadie nos ha dado cuentas de la existencia de su presunta casa pese a que consta en las diligencias policiales y hasta en un documental", lamenta Patricia Ramírez, que denuncia la falta de información sobre ese patrimonio y su posible destino al pago de la indemnización.

El comunicado también aborda otro aspecto sensible del proceso judicial, el relativo a la seguridad de la propia Patricia. Según explica, se está llevando a cabo un estudio sobre unas amenazas recibidas que han sido calificadas recientemente como "graves" por la Fiscalía. Una circunstancia que, pese a la dureza del proceso, le permite albergar cierta esperanza. "Me hacen confiar en que se está empezando a trabajar en la protección de nuestros derechos y seguridad", afirma.

Patricia Ramírez concluye agradeciendo el apoyo recibido a lo largo de este "largo e incansable proceso" y trasladando un mensaje de buenos deseos con motivo de las fiestas navideñas.

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