Centro de menores

La agresión a tres migrantes abre el debate sobre la repatriación de menores: "La legislación evita las repatriaciones masivas"

Decenas de personas se concentraron cerca del centro de acogida de Hortaleza, en Madrid, después de que uno de los residentes del centro fuera detenido por la presunta violación a una chica de 14 años.

Centro de acogida en Hortaleza

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El conflicto generado en un centro de menores en el barrio de Hortaleza en la Comunidad de Madrid tras la agresión a tres migrantes ha reabierto el debate sobre la repatriación de menores migrantes. Solo en los últimos días el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado que se devuelvan a sus países de origen a más de 40 menores migrantes no acompañados que viven en nuestro país en centros de acogida.

Y aunque el argumento es que estos menores son reincidentes y no se han adaptado al entorno social en nuestro país, la legislación nacional e internacional ampara a esos menores. Según Sara Casero, técnica de migraciones de la ONG UNICEF, la repatriación de menores migrantes, niños o adolescentes, “está sometida a fuertes garantías jurídicas que evitan que se puedan producir repatriaciones colectivas y permite que se pueda analizar cada niño de manera individual”.

Para Casero además esta situación lo que viene a demostrar es que el sistema de protección de los menores ha fallado: “Hacen falta recursos de todas las administraciones para integrar e incluir a estos niños y niñas con sistemas de acogida fuertes”.

Se trata de una protección que tienen todos los niños, sin importar su lugar de nacimiento y que tiene ámbito nacional e internacional, de manera que están protegidos por una combinación de normativas que va desde la Convención de Derechos del Niño a nivel internacional, directivas europeas como la Carta para los Derechos Fundamentales para la infancia y la propia legislación nacional. En este aspecto hay que tener en cuenta no solo la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, sino también lo recogido en la Ley de Extranjería y las normativas autonómicas.

La repatriación de menores migrantes es casi inviable

Según la Ley de Extranjería, cuando un menor migrante llega a nuestro país sin familiares, es declarado en desamparo y pasa al sistema de protección. En los primeros tres meses, las autoridades están obligadas a realizar todos los trámites y averiguaciones necesarios para saber si ese niño puede ser reintegrado en su entorno de origen. Según Juan Carlos Lorenzo de CEAR, “en el día a día es prácticamente imposible que un menor sea devuelto a su país de origen con garantías para que se cumplan sus derechos. Hay que tener en cuenta como suelen venir de lugares empobrecidos, de familias desestructuradas y entornos bélicos, por lo que esta repatriación suele ser casi imposible. Y en la práctica eso es prácticamente inviable”

Esa misma Ley de Extranjería recoge que si esa repatriación no es posible en los primeros tres meses, las administraciones públicas deben llevar a cabo un proceso de regularización y documentación para todos los menores de 16 años.

Esta legislación tanto nacional, europea como internacional protege a cualquier menor que viva en nuestro país, esté o no acompañado sin importar dónde haya nacido.

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