'PROCÉS'
Puigdemont pide al Constitucional suspender su orden de detención tras las conclusiones del TJUE sobre la amnistía
La defensa del expolítico catalán considera que mantener la orden de detención es "innecesario" tras las conclusiones del abogado del TJUE.
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El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, avala la ley de amnistía, considera que no constituye una "autoamnistía" y no ve "violaciones graves de derechos humanos". Unas palabras a las que se acoge el expresidente catalán Carles Puigdemont para pedir al Tribunal Constitucional que suspenda la orden de detención.
La defensa del político catalán, el abogado Gonzalo Boye, solicita al Constitucional que revoque la orden de detención nacional que pesa sobre su cliente y que acordó el juez del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo menos, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que admitió el pasado 7 de octubre.
"La suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente", ha manifestado Boye.
El abogado de Puigdemont insiste en que los perjuicios "no son hipotéticos" porque "durante años" Puigdemont "ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional" por la orden de detención cuya validez "ha sido jurídicamente desactivada por la ley orgánica de amnistía" y confirmada por el "estándar europeo" y las conclusiones del Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Para Gonzalo Boye, no suspender la orden de detención supondría un "sacrificio desproporcionado e innecesario" a la vez que "incompatible" con los principios de "proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", según el texto al que ha tenido acceso 'Europa Press'.
El escrito de la defensa tiene lugar después de que el pasado 13 de noviembre el abogado general del TJUE dio a conocer sus conclusionesen las que descarta que el texto legal responda a una "autoamnistía" o choque con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a los intereses económicos y financieros de la Unión Europea.
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