Mascota trabajo
Un abogado gallego llega al Supremo en un intento de que le dejen llevar su caniche a los juzgados de Pontevedra
La jugada no le ha salido nada bien al letrado: el Alto Tribunal considera que en el lugar donde trabaja el demandante no hay un espacio adecuado para los animales, y le obliga a pagar dos mil euros de las costas judiciales por este pleito, que se dilata desde el año 2023.
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Cada vez son más las personas que se dan cuenta de los beneficios de trabajar teniendo a sus mascotas cerca. Acariciar a nuestro perro u oír ronronear a nuestro gato pueden ayudarnos a liberar endorfinas, bajar nuestro nivel de estrés y trabajar mucho más tranquilos.
Esta es la filosofía que comparte un letrado de los juzgados de A Parda, en Pontevedra, que se empeñó en defender su derecho a llevar a su caniche a su puesto de trabajo, alegando que el peludo con el que comparte su vida le da "sosiego y tranquilidad" y que "es un animal completamente cívico".
Tres años de batalla judicial para nada
Su lucha comenzó hace ya casi tres años, en octubre de 2023, cuando la, por aquel entonces, magistrada decana de la Audiencia de Pontevedra decidió prohibir la entrada de animales al edificio de los Juzgados de Pontevedra, respetando solo una serie de excepciones. Tan solo pueden acceder los animales adiestrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mascotas "que acompañen a personas menores o vulnerables necesitadas de poder acceder al edificio judicial", incluyendo, claro està, los perros guía de las personas invidentes.
Contra esta prohibición el abogado puso un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No tuvo éxito ya que, en febrero del 2024, la comisión permanente del CGPJ desestimó su reclamación en una resolución que salió a la luz en febrero del 2024. Pero el letrado decidió continuar dando la batalla.
Fotografías y hasta testigos
Un año después, en febrero del 2025, interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la resolución del CGPJ. En el documento que presentó aportaba fotografías con las que pretendía demostrar la actitud cívica de su perro, e incluso se ofreció a llevar testigos que así lo corroborasen.
El abogado insistió en que la prohibición de que Chili, o cualquier otro animal, entren en el juzgado "es contraria a las normas cívicas de la mascota de compañía". Pero no le sirvió de absolutamente nada, otra vez.
El Alto Tribunal concluyó que, aunque el demandante señaló una vulneración del "derecho fundamental a la integridad moral del animal sintiente de compañía", en las sedes judiciales se desarrolla una actividad de extrema complejidad que puede verse afectada por la presencia de animales.
Desestimó, por tanto, el recurso del abogado, y le impuso el pago de las costas judiciales, que podrían ascender a unos 2.000 euros.
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