Una jueza ordena desmantelar la cárcel de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz' impulsada por Trump

Por un lado, la sentencia de la jueza Williams prohíbe la expansión del centro y el envío de más personas detenidas, pero además dicta que en un plazo de máximo dos meses se desinstalen todas las cercas temporales, luces artificiales, así como generadores o sistemas de deshechos. Los demandantes, los grupos ambientales Friends of theEverglades y Center forBiologicalDiversity, además de la tribu Miccosukee, exigían el cierre completo e inmediato del centro de reclusión de migrantes por sus daños a la zona natural de los Everglades.

La orden judicial prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio, abierto el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Las instalaciones del centro violan la ley"

La sentencia impide también "traer a cualesquier persona adicional al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden", aunque no prohíbe modificar ni reparar la infraestructura ya existente. La magistrada Williams ha dictaminado que las instalaciones del centro de detención ubicado en una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Patrimonio Mundial, un área protegida de alta sensibilidad medioambiental y que la tribu nativa de los Miccosukee considera sagrada, violan la ley. “La Reserva Nacional Big Cypress se creó para proteger esta zona. Desde entonces, todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida y un sinfín de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades. Esta orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, se afirma en la sentencia.

Se levantó en apenas 8 días

La construcción de Alligator Alcatraz, levantada en apenas ocho días bajo la autorización del gobernador de Florida Ron DeSantis, fue un proyecto millonario con capacidad inicial para 2.000 detenidos y proyección de expansión hasta 4.000. Fue levantada a finales de junio con carpas de lona, baños portátiles y tráileres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, al oeste de Miami, y comenzó a operar a principios de julio tras la visita del presidente Trump. Florida declaró un estado de emergencia por inmigración que le permitió movilizarse rápidamente para construir el centro. La instalación es administrada por la División de Manejo de Emergencias del Estado. El gobernador DeSantis dijo a fines del mes julio que más de 100 personas habían sido deportadas desde la prisión.

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