Berlusconi en su comparecencia

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ITALIA | SENTENCIA EN EL CASO MEDIASET

Berlusconi, tras la sentencia del Supremo: "¿Es ésta la Italia que queremos y amamos?"

El exprimer ministro italiano ha cargado con dureza contra el sistema judicial italiano por lo que considera una "persecución" judicial contra su persona. "A cambio del compromiso durante casi 20 años a favor de mi país, recibo el premio de acusaciones y una sentencia fundada sobre la nada que me quita la libertad personal y los derechos políticos", ha señalado Berlusconi después de que el Tribunal Supremo de Italia confirmara la pena de cuatro de cárcel por fraude fiscal.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi expresó este jueves su intención de no renunciar a la política y la esperanza de que la condena por fraude fiscal confirmada por el Tribunal Supremo haga que los ciudadanos abran sus ojos sobre el "sometimiento" que ejerce parte de los jueces sobre Italia. 

Mediante un mensaje de vídeo, Berlusconi definió como un nuevo ejemplo de la "persecución" judicial contra él la condena a 4 años de prisión confirmada este jueves por el Supremo, que, sin embargo, aplazó su inhabilitación a la espera de que la Corte de Apelación de Milán calcule de nuevo el plazo, que en primera y segunda instancia fue de 5 años. 

Desde su residencia romana, el Palacio Grazioli, el ex primer ministro aseguró que en los últimos veinte años ha puesto todas sus fuerzas para intentar llevar una "revolución liberal" a su país y para situar a Italia como protagonista de la escena internacional y no como "subalterna" ante las potencias mundiales. 

"A cambio del compromiso durante casi 20 años a favor de mi país, llegado casi al final de mi vida activa, recibo el premio de acusaciones y una sentencia fundada sobre la nada que me quita la libertad personal y los derechos políticos. ¿Es así que Italia reconoce los sacrificios y compromisos de sus ciudadanos mejores? ¿Es ésta la Italia que queremos y amamos?", dijo Berlusconi. 

El ex primer ministro aseguró no rendirse y por eso insistió en la vuelta de su antiguo partido, Forza Italia, que se fusionó en 2009 en el actual Pueblo de la Libertad (PDL), un regreso en el que pretende que participen "los mejores jóvenes del mundo empresarial que se interesan por el destino de Italia". 

"Junto a ellos devolveremos al terreno político Forza Italia y pediremos a los italianos que nos den la mayoría indispensable para modernizar el país, a partir de la reforma más indispensable, la de la Justicia", comentó. 

Así, añadió, "no seremos más un país sometido al ejercicio absolutamente arbitrario del más terrible de los poderes, el de privar a un ciudadano de su libertad. Espero que esta sentencia haga abrir los ojos a los italianos que no han sido conscientes de realidad del país y han malgastado el voto o no han votado. Si sabemos estar unidos, juntos, recuperaremos la verdadera libertad". 

El ex primer ministro dijo que nadie en su entorno puede entender "la carga de violencia" que le ha reservado parte de la magistratura con los distintos procesos judiciales, una auténtica "persecución" que proviene de jueces "irresponsables" y "no elegidos por el pueblo", pero que condicionan la vida política. 

La clase política italiana esperaba la decisión de este jueves del Supremo para saber hasta qué punto el futuro judicial del ex primer ministro puede tener consecuencias sobre la estabilidad del Gobierno, en cuya coalición participa el partido de "il Cavaliere", que por el momento mantiene su apoyo al Ejecutivo. 

El ex primer ministro, actual senador y para quien sus abogados pidieron la absolución plena, verá reducida su pena de cárcel de cuatro a un año en base a la ley de indultos de 2006 y puede cumplir esta condena en arresto domiciliario o bajo tutela de los servicios sociales, puesto que supera los 70 años de edad

Asimismo, una vez calculada la nueva inhabilitación, ésta no entrará en vigor de forma automática, ya que para ser definitiva tiene que superar un nuevo trámite en el Senado, que deberá decidir si acepta la decisión de los magistrados, y, si no lo hace, ha de abrirse un proceso por conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

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