Santos Cerdán
La UCO dice que Cerdán y su familia se beneficiaron de los presuntos amaños: "A Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés"
Un informe señala pagos, alquileres y gastos asumidos por la empresa investigada por los presuntos amaños del caso Koldo.

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil expone en su último informe sobre el caso Koldo que Santos Cerdán y varios miembros de su familia habrían recibido fondos, coberturas de vivienda y otros pagos con origen en la empresa Servinabar. La investigación se dirige a aclarar si esta sociedad, participada por Cerdán, obtuvo adjudicaciones de obra pública dentro de un sistema de presuntos amaños que estudia el Tribunal Supremo.
El documento, remitido a la Audiencia Nacional y conocido en el marco de la causa, analiza las operaciones económicas de Servinabar y su relación con Acciona Construcción y con Koldo García. Los investigadores examinan si las adjudicaciones logradas por la UTE formada por ambas empresas pudieron estar conectadas con un flujo de comisiones.
El último informe remitido por la Guardia Civil al juez del caso Koldo detalla que Servinabar habría asumido gastos cotidianos de la familia de Santos Cerdán y recoge la inquietud de su propietario, Antxón Alonso, por el nivel de consumo atribuido a la esposa del entonces dirigente socialista. El documento incorpora una conversación en la que Alonso expresa esa preocupación a su mujer: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", señala en un mensaje fechado el 9 de septiembre de 2021, al que añade referencias a comidas y otros desembolsos.
Según la UCO, entre diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024 se registraron pagos con una tarjeta vinculada a Servinabar que situarían consumos de la familia en un restaurante próximo a su domicilio en Madrid, con un total de 7.470 euros, así como gastos asociados a estancias en Ibiza en agosto de 2022 por 1.795 euros y a vacaciones en Tenerife en agosto de 2023 por 1.259 euros.
En ese mismo intercambio, Alonso afirma: "Gastar y gastar" y "todos de lo bueno lo mejor", mientras su mujer responde: "Eso no es plan" y "le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro". El empresario concluye: "Hemos quedado en pararlo".
Pagos a familiares a través de cooperativas y de la propia Servinabar
El informe sostiene que la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, figuró contratada por Noran entre marzo y julio de 2018. Noran es una cooperativa creada en 2015 por Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, y por Koldo García. Durante ese periodo, Muñoz recibió 9.500 euros, ingresos que la UCO atribuye a fondos procedentes de Servinabar.
La investigación detalla también que la hermana del entonces secretario de Organización del PSOE, Belén Cerdán, percibió 22.324,51 euros de Servinabar entre febrero y junio de 2020. Tras ese periodo, pasó a estar contratada por la cooperativa Erkolan, que abonó su nómina hasta mayo de 2025. Esa entidad recibió en ese tiempo 367.290,43 euros procedentes de Servinabar.
Además, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, habría estado contratado por la empresa entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 y percibió 53.130,30 euros.
Alquileres y compras vinculadas al exdirigente socialista
El informe incorpora un bloque dedicado a gastos inmobiliarios. La UCO sostiene que Servinabar asumió el alquiler de una vivienda en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7.200 euros. Posteriormente, la empresa habría abonado el arrendamiento de otro inmueble usado por Cerdán entre agosto de 2018 y noviembre de 2019, con un coste total de 44.645,26 euros.
Según la investigación, la compañía afrontó también compras de mobiliario para esa vivienda por un valor mínimo de 7.849 euros.
El informe recoge asimismo el uso de una tarjeta de crédito de Servinabar por parte de Cerdán y de miembros de su familia. El último cargo se realizó el 19 de febrero de 2024, un día antes de la detención de Koldo García. El total de gastos asociados a esa tarjeta asciende a 33.574 euros.
La investigación continúa abierta y el Tribunal Supremo estudia si estos pagos encajan en el esquema de presuntos amaños de obra pública que motivó la apertura de la causa.
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