El Supremo propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por contratos irregulares de mascarillas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente propone sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en presuntos contratos irregulares de mascarillas. Sería el primer juicio del 'caso Koldo'.

El instructor ha dictado este lunes (día en que en el Supremo arranca el juicio al fiscal general del Estadopor supuesta revelación de secretos) un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

A lo largo de 47 páginas el juez expone los indicios de delito contra los tres investigados por la rama principal del conocido como caso Koldo, que se desgajó a su vez en una pieza separada donde los tres están también imputados, junto al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, por el presunto reparto de comisiones en adjudicaciones de obra pública.

Se juzgarán los pagos de Aldama a Koldo y Ábalos

En esta pieza se investigan 12 contratos presuntamente adjudicados a dedo por un valor de cerca de 53 millones de euros pero también se juzgarían las presuntas contrataciones irregulares de varias amigas de José Luis Ábalos en empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes o las presuntas contraprestaciones que Aldama pagaba a Ábalos y Koldo por su influencia en el Ministerio. Esto es, pagos mensuales de casi 10.000 euros, alquileres de casas en el centro de Madrid o chalets para las vacaciones de Ábalos. Todo estaría demostrado por la documentación que el propio Aldama aportó. Algunos de esos pagos iban directamente a Jessica Rodríguez, la novia del exministro.

El juez apunta a un "concierto de voluntades entre los investigados", quienes, "aprovechando el cargo" de Ábalos en el Gobierno, "convinieron" que podrían favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama "a cambio del correspondiente beneficio económico" para los tres.

El juez traslada las actuaciones ahora a la Fiscalía y las acusaciones para que ellos en un plazo de 10 días, pidan la apertura de juicio oral con el correspondiente escrito de acusación.

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